*** Ambas organizaciones sostienen que la democracia en Honduras no puede sostenerse bajo silencios estratégicos ni dilaciones.
La Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) alertaron que las dilatorias para aplicar juicios políticos abren espacio a narrativas de victimización por parte de funcionarios que presuntamente violentan la institucionalidad.
Las organizaciones explicaron que la demora injustificada en el Congreso Nacional fomenta la impunidad y envía un mensaje peligroso sobre el cumplimiento de la ley frente a quienes conspiraron contra el proceso electoral.
Manifestaron que la falta de voluntad política para procesar al consejero Marlon Ochoa, al fiscal Johel Zelaya y a la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Obando, responde a cálculos y “lobby político” que burla el derecho a la verdad.
“Nos resistimos a creer que esta dilación sea producto de acuerdos inconfesables que burlan el derecho del pueblo hondureño a la verdad y a las garantías de no repetición. La Constitución no ampara pactos de impunidad. La demora injustificada fomenta la impunidad, fortalece a quienes han lesionado la institucionalidad y envía un mensaje peligroso: que el poder puede situarse por encima de la ley. En un Estado democrático, esa señal es inaceptable”, declararon.
Además, advierten que la activación del control parlamentario no debe depender de conveniencias coyunturales sino del mandato constitucional para salvaguardar el sistema de pesos y contrapesos del Estado.
Para la Joprodeh y Asopodehu, resulta inaudito otorgar márgenes de maniobra a funcionarios con indicios suficientes de responsabilidad administrativa mientras la sociedad hondureña espera “decisiones firmes” para depurar la administración pública.
“Desde Joprodeh y Asopodehu instamos a la clase política a colocar por encima de cualquier cálculo partidario el interés superior de la República, garantizando el derecho de la población a conocer la verdad y a obtener justicia. El precedente que hoy se siente definirá el futuro democrático del país”, coinciden ambas organizaciones.
Recalcaron que el derecho internacional no protege la impunidad y que los estándares interamericanos obligan al Estado a investigar para garantizar la rendición de cuentas cuando se compromete el “orden democrático”.
Ambas organizaciones sostienen que la democracia en Honduras no puede sostenerse bajo silencios estratégicos ni dilaciones indefinidas que afecten directamente la soberanía popular y el principio de separación de poderes. OB/Hondudiario
