*** Castellanos sostuvo que el Legislativo tiene la responsabilidad histórica de determinar si las actuaciones en el CNE y el Ministerio Público ameritan control constitucional, priorizando la legalidad sobre cualquier interés político.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos afirmó que el Congreso Nacional (CN), debe evaluar la posibilidad de un juicio político sin cálculos partidarios, ante los hechos registrados durante el proceso electoral de 2025.
“Las elecciones de 2025 dejaron cicatrices profundas para Honduras, fueron el reflejo de una sociedad polarizada, de una ciudadanía que desconfió de los partidos políticos y de instituciones que mostraron fragilidad, pero también evidenciaron la determinación democrática de los hondureños”, inició diciendo Castellanos.
Recordó que, durante el transcurso de las elecciones primarias a las generales, el país fue testigo de un deterioro institucional preocupante, y frente a este escenario es indispensable hablar con claridad, “en el CNE el consejero Marlon Ochoa adoptó conductas que incidieron negativamente en el desarrollo del proceso, su comportamiento produjo una paralización reiterada de decisiones administrativas clave cuando dejó de asistir de manera injustificada a múltiples sesiones, impidiendo la conformación del Pleno y el avance del cronograma electoral”.
En sus declaraciones enfatizó que, también interpuso selectivamente denuncias penales contra actuaciones técnicas del propio Consejo e incentivó la obstrucción de la etapa del escrutinio general y especial con pleno conocimiento de los tiempos previstos para emitir la declaratoria, eludiendo sus responsabilidades y poniendo en peligro la transición constitucional.
“Paralelamente, desde el Ministerio Público, el fiscal general Johel Zelaya desplegó una intervención constante en el proceso electoral. Entre sus actuaciones se encuentran investigaciones contra autoridades electorales en funciones, solicitudes de antejuicio contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, allanamientos a instalaciones del CNE”, apuntó Castellanos.
También recalcó que, las acciones recientes del fiscal general, incluyendo la presentación de requerimientos y nombramientos administrativos, no borran ni disminuyen su intromisión durante el periodo electoral, “sobre todo porque la acumulación de estos hechos revela dos patrones institucionales conectados entre sí. Por un lado, el retraso de decisiones críticas dentro del CNE y, por el otro, el uso conveniente de la acción penal en un proceso. ampliamente sensible”.
“Si el Congreso Nacional decide iniciar un juicio político, éste debe sustanciarse con objetividad y garantías. Y si decide no hacerlo, deberá explicarle al país por qué considera que estos hechos no ameritan control constitucional”, expresó Castellanos. ED/Hondudiario
