*** La Comisión Técnica avanza en la elaboración de un diagnóstico individual para determinar cuáles entidades estatales serán adscritas a otras dependencias.
El miembro de la Comisión Liquidadora, abogado Leonel Núñez, anunció este martes que el equipo técnico concluyó el levantamiento de información en siete instituciones suprimidas con la identificación de aproximadamente 1,997 empleados y un cálculo superior a los 207 millones de lempiras para garantizar el pago total de indemnizaciones laborales.
La Comisión Técnica avanza en la elaboración de un diagnóstico individual para determinar cuáles entidades estatales serán adscritas a otras dependencias y cuáles enfrentarán un proceso de liquidación definitiva, según informó el abogado.
“Muy importante saber que en la Comisión Técnica hemos ido avanzando primeramente haciendo un diagnóstico en cada una de las instituciones, una que van a ser adscritas, otras que van a ser liquidadas, por lo tanto, ya más o menos manejamos ciertos datos en referencia a lo que estamos haciendo”, dijo a la prensa.
El comisionado recalcó que la presidencia de Nasry Asfura mantiene la instrucción de respetar el “100 por ciento” de las garantías y derechos adquiridos por los trabajadores que resulten cesanteados durante esta transición administrativa.
Núñez detalló que los auditores revisan actualmente las deudas registradas en el sistema F-01 para verificar que cada compromiso financiero cuente con el soporte documental necesario antes de proceder con los desembolsos correspondientes.
“Ya han arrojado datos respecto a la cantidad de empleados, son más de 1900 empleados que van a ser cesanteados, así mismo estamos revisando lo que son las deudas que están subidas en el F-01, el cual, pues estamos revisando de que tengan el soporte de cada uno de esos, asimismo hemos ido revisando lo que se refiere a lo que son las rentas, los alquileres de los edificios”, reiteró.
No desconoció que la Secretaría de Planificación Estratégica registra pagos que no están “netamente soportados” y cuya veracidad deberá ser acreditada ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría y el Ministerio Público.
“Asimismo, pues bueno, la cantidad de personal que es bastante numerosa en donde se les va a garantizar el pago de prestaciones, sin embargo, sabemos de qué, todo eso pues va a ir disminuyendo poco a poco y que esperamos que en este mes de marzo logremos concretar lo que la cesantía de los 737 empleados que hay en esa Secretaría de Estado”, apuntó.
Por otro lado, indicó que el Estado realiza negociaciones para interrumpir el pago de alquileres en edificios cuyos contratos vencen próximamente con el fin de recuperar recursos que no deberían erogarse bajo las actuales condiciones de supresión institucional. OB/Hondudiario
