*** Los diputados liberales igual coinciden en que el proceso no debe ser calificado como un acto de persecución política.

La Bancada del Partido Liberal de Honduras (PLH) fijó su postura oficial a favor del juicio político iniciado contra el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, bajo el argumento de preservar el equilibrio institucional y garantizar el respeto al Estado de derecho.
Los 41 diputados liberales defienden que la actual coyuntura responde a una situación de carácter estrictamente institucional que exige el apego a los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Estado.
“En el marco del proceso electoral, se observaron actuaciones atribuibles al Ministerio Público que generan una fundada preocupación por su compatibilidad con los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad e imparcialidad”, señaló la bancada en un comunicado.

La bancada enumeró que existió una promoción de citaciones y acciones investigativas contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el desarrollo de los pasados comicios.
Además de la “formulación de señalamientos públicos sin la observancia plena del debido proceso, sustentados en supuestos elementos probatorios de naturaleza no verificada, contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y Consejo Nacional Electoral”, expuso.
El comunicado dejó saber que estas acciones permiten inferir un posible ejercicio selectivo del poder punitivo del Estado que resulta incompatible con los estándares de un sistema democrático.

“El juicio político, como figura prevista en el ordenamiento constitucional, constituye un mecanismo legítimo de control y rendición de cuentas de los altos funcionarios públicos. Su activación responde a la necesidad de preservar el equilibrio institucional y garantizar que el ejercicio del poder público se someta a los límites establecidos por la Constitución y las leyes de la República y que los hechos NO se repitan en las próximas elecciones”, sentenció.
Los diputados liberales igual coinciden en que el proceso no debe ser calificado como un acto de persecución política sino como una manifestación del principio de responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
Del mismo modo, la bancada liberal sostiene que la independencia y autonomía del Ministerio Público son pilares fundamentales para la vigencia del Estado de derecho y exhortó a los actores institucionales a actuar con estricto apego a la ley. OB/Hondudiario



