*** Además, se tomará el testimonio de José Antonio Barahona en su condición de padre de la magistrada Miriam Suyapa Barahona.
La Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional confirmó la comparecencia de al menos nueve testigos durante el juicio político instruido contra los consejeros y magistrados electorales Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral Mario Flores Urrutia arribó a la sede del Poder Legislativo a las 9:00 de la mañana con el propósito de iniciar su declaración testifical en este proceso parlamentario, según se confirmó a través de medios televisivos.
Los miembros del Tribunal de Justicia Electoral, Roberto Lara, Claudia Aguilera y Fernando Espinoza, integran la lista de deponentes citados para brindar sus versiones técnicas sobre los hechos que motivaron la suspensión de los funcionarios.
La nómina de comparecientes incluye también a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral Eduardo Fuentes, Marcos Martínez, Thelma Cristina Martínez y Alfredo Laínez debido a su vinculación directa con las instituciones involucradas.
Además, se tomará el testimonio de José Antonio Barahona en su condición de padre de la magistrada Miriam Suyapa Barahona, tras el reciente fallecimiento de la funcionaria que formaba parte del órgano de justicia electoral.
Los cuatro altos funcionarios enfrentan este procedimiento bajo la medida de suspensión de sus cargos mientras los testigos desahogan la información requerida por la comisión encargada de sustanciar el expediente.
El diputado Alberto Cruz, secretario de la Comisión Especial de Juicio Político, adelantó que el orden de los testigos lo va a determinar la presidenta, “recordemos de que lo importante es iniciar primero con la lectura de los documentos que vengan de parte de estas instituciones, de estos órganos electorales, posteriormente sería con la evacuación de los testimonios de los distintos testigos que van a venir”.
“Recordemos que lo más importante es no perder la objetividad, son ciudadanos hondureños, los que en este momento son altos funcionarios que son denunciados y tenemos que garantizar lo que establece la constitución, la ley, y sobre todo la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, adicionó. OB/Hondudiario
