*** ASJ señala que la falta de una transición ordenada y el retraso en la llegada de presupuesto estancan los resultados operativos de las nuevas autoridades.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de la Dirección de Seguridad y Justicia, presentó este jueves un análisis sobre la situación de la seguridad ciudadana en Honduras, revelando que entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2026 se contabilizaron 624 homicidios a nivel nacional.
Si bien el país arrastra una reducción acumulada del 42.3 % desde 2022, el informe advierte con preocupación un repunte del 5.05 % en lo que va de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Estas cifras representan la primera radiografía real de la violencia tras el cese de medidas extraordinarias como el Estado de Excepción.
Los datos muestran una fuerte concentración geográfica del delito, en donde apenas 16 municipios reportan la mayor incidencia de violencia. Este hallazgo exige que el Estado abandone las medidas generalizadas y pase a una focalización territorial inteligente para combatir con efectividad los homicidios y la extorsión.
Un punto diferenciador en este reporte es la validación técnica de las cifras. A diferencia de 2025, cuyos datos no contaron con el respaldo del Observatorio de la Violencia de la UNAH, las estadísticas actuales están debidamente validadas, lo que permite un análisis más riguroso y transparente de la criminalidad en el país.
El monitoreo también incluye un apartado sobre las muertes violentas de mujeres. Aunque las cifras reflejan una reducción sostenida del 31.5 por ciento con una estabilización en los últimos dos años, esta mejora estadística no detiene la desprotección. La impunidad histórica, sumada al actual vacío de estrategia y la falta de presupuesto, mantiene a las mujeres hondureñas vulnerables ante la violencia doméstica y las estructuras criminales.
El análisis técnico subraya como preocupación central la falta de planificación previa y una transición desordenada en la Secretaría de Seguridad. Con apenas dos meses en el cargo, las nuevas autoridades enfrentan un panorama complejo sin una hoja de ruta basada en evidencia. A esto se añade el factor financiero; aunque el presupuesto fue aprobado recientemente, los fondos aún no llegan a las instituciones ejecutoras, convirtiendo los planes estratégicos en papel “mojado” por la falta de capacidad operativa inmediata.
En cuanto a la operatividad policial, el informe reconoce avances en el decomiso de narcóticos, reportando un incremento significativo en la incautación de piedras de crack (+10,722) y gramos de cocaína (+2,090) respecto al periodo anterior. Sin embargo, la ASJ advierte que este éxito operativo no se traduce necesariamente en una reducción de la violencia homicida o en una mejor percepción de seguridad para el ciudadano.
Ante este escenario, el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional enfatiza que «la ciudadanía no pide milagros, pide resultados». En ese sentido, la ASJ recomienda urgentemente el diseño de una estrategia de seguridad integral que ataque de raíz la extorsión, los femicidios y el narcotráfico.
Es imperativo que el Gobierno agilice el flujo de recursos hacia las instituciones de justicia y que la nueva gestión presente una ruta clara que trascienda la reacción y se enfoque en la prevención y la investigación criminal. AB/Hondudiario
