*** El pasado proceso electoral evidenció cómo el Partido Libre utilizó a sus consejeros para obstruir el cronograma.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, denunció que las recientes crisis políticas y la gestión de Luis Redondo en el Congreso Nacional provocaron un grave deterioro en la institucionalidad del país.
Castellanos analizó que el desempeño del Poder Legislativo bajo la influencia del Partido Libre incurrió en prácticas inéditas como la parálisis de sesiones y la toma de decisiones mediante comisiones permanentes sobre temas exclusivos del pleno.
“El desempeño del Poder Legislativo en el periodo del Partido Libre no lo habíamos tenido. No se había tenido un presidente del Congreso Nacional que paralizara las sesiones cuando ellos no tenían los votos o decidir mediante una comisión permanente en temas que le correspondía al pleno”, recordó.

La académica manifestó que el país requiere reformas profundas para revisar el desempeño de funcionarios debido a que figuras como el jefe del Estado Mayor Conjunto (Roosevelt Hernández) actuaron como un “militante de partido político” subordinado al Ejecutivo.
El pasado proceso electoral evidenció cómo el Partido Libre utilizó a sus consejeros para obstruir el cronograma mediante retrasos en el material electoral y ausencias premeditadas en las sesiones del pleno del Consejo Nacional Electoral, según expuso.
“No es difícil deducir que había una instrucción del Partido Libre para que no se presentaran y se interrumpiera el proceso electoral, pero también vimos a un Fiscal General que no actuó cuando los hechos o las responsabilidades recaían en miembros del Partido Libertad y Refundación, y sí actuaba en otros casos con carácter de urgencia cuando eran otros los funcionarios que eran denunciados”, comentó.

Indicó que los funcionarios destituidos mediante juicio político como Marlon Ochoa y Johel Zelaya carecían de compromiso con el país por encontrarse totalmente “subordinado al Poder Ejecutivo” y a los intereses particulares de su organización política.
Ahora la sociedad civil debe vigilar que los sustitutos de los cargos vacantes posean “idoneidad e integridad política” para evitar que el proceso electoral de 2029 sufra las mismas vulnerabilidades que pusieron en riesgo la democracia.
“Desde esta perspectiva lo ideal es que no sean los partidos políticos que lo manejen y que haya una reforma electoral. Lo que esperamos es que la sustitución en estos cargos sea por personas que tengan idoneidad e integridad política, de lo contrario nos someteremos a lo mismo que ya pasamos”, cerró. OB/Hondudiario



