*** El Ministerio Público identificó a Reyes como el principal sospechoso de las muertes.
El abogado defensor del ciudadano estadounidense Gilbert Reyes, Salomón Amador, confirmó que el Ministerio Público solicitó formalmente la pena máxima de 80 años de cárcel contra su representado tras concluir el debate de conclusiones finales por el asesinato de tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía.
“Por nuestra parte, la defensa también solicitó un fallo absolutorio a favor del acusado, ya que coincidimos en que no existe pruebas suficientes”, comentó.
“Lo que sí no podemos negar es una duda razonable porque el Estado de Derecho es el principio de presunción inocente que todo el mundo tiene”, añadió.
Amador recalcó que la Fiscalía “se quedó corto” en las investigaciones y presentó pericias nunca examinadas anteriormente, y según reveló, en el timón y la palanca de cambios del vehículo analizado no existía ninguna huella digital de Reyes, pero sí “ocho fragmentos” de otras personas.
“Ya que el Ministerio Público se quedó corto en las investigaciones, incluso ayer se presentaron pericias que nunca fueron examinadas, en la escena del crimen, tanto en el timón como en la palanca de cambios, como en los asientos, no se encontró ninguna huella digital que perteneciera a mi representado y sí se encontraron ocho fragmentos de huellas de terceras personas”, detalló.
El profesional del derecho sostuvo que la ausencia de un estudio patológico para acreditar “esa frialdad” o “expertise” en armas justifica el pedido de absolución por la existencia de una “duda razonable” sobre la participación de su cliente en la ejecución del crimen.
“No se le hizo un estudio patológico a mi representado para acreditar si él era un asesino en serie que tenía esa frialdad, esa tenacidad y también esa expertise en manejar armas”, alegó el abogado.
El Ministerio Público identificó a Reyes como el principal sospechoso de las muertes, quien tras el crimen huyó hacia Estados Unidos, aunque posteriormente fue capturado en República Dominicana gracias a una alerta internacional que permitió su extradición a Honduras.
La acusación se fundamenta en los sucesos de enero de 2024, fecha en la que Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz desaparecieron hasta que sus cuerpos fueron hallados en un vehículo estacionado en una propiedad privada de French Key, Roatán. OB/Hondudiario
