*** El informe divulgado, por el CONADEH y ASJ reveló que, entre el 2015 y el 2025, al menos 111 ambientalistas fueron asesinados.
Con el firme propósito de abordar la creación de un marco legal que regule la consulta de impacto ambiental y comunitario, así como aquellas medidas que permitan fortalecer la protección de los defensores ambientales y de los derechos humanos en el país, el Congreso Nacional fue escenario hoy de una reunión en la que participaron representantes de ese poder del Estado, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre agradeció la invitación, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional, por permitirles también socializar el informe “Entre la Ley y el Abandono” que realizó
En conjunto con ASJ y que detalla el escenario de violencia que enfrentan los defensores del derecho al ambiente en 12 departamentos del país, principalmente en Colón (38), Yoro (20) y Atlántida (14) que registran el 65 por ciento de las muertes violentas de ambientalistas.
Indicó que uno de los casos, a los que se les ha dado seguimiento, es el de Juan López y recordó que, una semana antes de su asesinato, el CONADEH emitió una “Alerta Temprana” donde no solo se identificaban algunos riesgos que enfrentaba, sino que se emitieron recomendaciones a las que las autoridades hicieron caso omiso.
En el caso del señor Juan Lopez, debo aplaudir la gestión del Ministerio Público porque a pesar de que fue hace más de un año ha sido diligente para poder hacer la investigación y que ésta sea efectiva y pronta, comparada con otros casos de los que tenemos conocimiento en el CONADEH, expresó la defensora de los derechos humanos.
CONADEH es un aliado estratégico
Al tener esta apertura con el Congreso Nacional y lograr identificar las reformas legislativas, es mucho más fácil para nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos poderlas impulsar y tener a un aliado, declaró
Agregó que, desde el Congreso Nacional tienen que ver al CONADEH como un aliado estratégico para poder adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que el Estado, como el obligado a garantizar los derechos humanos, pueda cumplir con esa garantía.
La titular del CONADEH espera que el informe “Entre la Ley y el Abandono” no solo sea un documento y un estudio, sino que se pueda, en la “Mesa Técnica” que se tendrá con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, avanzar con las reformas y poder impulsar iniciativas que generen un impacto para garantizar la vida y la integridad de los defensores del ambiente.
En la reunión participaron la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional, presidida por el diputado David Manaiza e integrada por los diputados Lenin Valeriano y Alia Kafati, el representante de ASJ, Nelson Castañeda y por el CONADEH, la asesora en derechos humanos Abigail Canales y su titular, Blanca Izaguirre.
El informe divulgado, por el CONADEH y ASJ reveló que, entre el 2015 y el 2025, al menos 111 ambientalistas fueron asesinados, cuyos crímenes se mantienen impunes en el 92 por ciento de los casos.
De total de víctimas, 100 eran hombres y 11 mujeres, de los cuales, 65 dedicaron su vida a la defensa de la tierra, 17 a la defensa de los ríos, 11 defendían la tierra frente a la agroindustria, 10 se dedicaban a la defensa de los bosques y 6 a la defensa de la tierra frente a la minería.
El informe “Entre la Ley y el Abandono” califica de “emblemático” el caso de Juan López, cuya labor lo expuso a situaciones de amenazas, criminalización e incluso fue asesinado el 14 de septiembre de 2024.
López, nació en El Paraíso, Copán, en 1978, fue delegado de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo y promovió la Pastoral de Ecología Integral en Honduras, además, fue un defensor del medioambiente, líder comunitario y referente religioso católico, también fungió como coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa y ejerció como regidor municipal.
Juan López se destacó por defender bienes comunes como los ríos Guapinol y San Pedro, que representa agua para las comunidades, además, la zona protegida conocida como el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”.
El defensor del ambiente, se oponía, de forma pública y sostenida, a proyectos extractivos/mineros vinculados al conflicto socioambiental de Tocoa y a otros megaproyectos por los impactos sobre los ecosistemas, el agua, y por la forma en que se gestionaban permisos y poder local.
Esa oposición tuvo sus costos, múltiples reportes describen amenazas, vigilancia, campañas de difamación y criminalización razón por la cual, la CIDH le otorgó medidas cautelares a integrantes del CMDBCP por el riesgo que enfrentaban.
La noche del 14 de septiembre de 2024, Juan López fue asesinado a balazos cuando salía de la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa, en Tocoa, Colón. El crimen ocurrió, en un espacio público y simbólico, tras una actividad religiosa, en un contexto de amenazas previas y medidas de protección.
Su muerte causó la reacción inmediata nacional e internacional, no solo por la gravedad del crimen, sino porque ocurrió pese a que contaba con medidas cautelares y en un contexto de violencia contra defensores ambientales en la zona. Hondudiario
