*** Según la exposición de motivos, en el año 2025 se registraron más de 200 casos de suicidio a nivel nacional, lo cual evidencia una profunda necesidad de priorizar.
La Cámara Legislativa conoció este martes dos proyectos de ley en salud mental y educación, uno orientado a garantizar la ayuda psicológica en centros educativos y hospitales, y otro para que el Gobierno pague por la vigilancia en escuelas y colegios públicos, no los padres de familia.
La diputada nacionalista por Choluteca Ileana Velásquez presentó el proyecto de Ley Camila, que tiene por objetivo garantizar la atención integral de la salud mental, mediante la creación, ampliación y asignación obligatoria de plazas para profesionales de la psicología en los centros de salud, hospitales de la República y los centros educativos gubernamentales a nivel nacional.
Según la exposición de motivos, en el año 2025 se registraron más de 200 casos de suicidio a nivel nacional, lo cual evidencia una profunda necesidad de priorizar.
Los trastornos mentales depresivos y ansiedad son la principal causa relacionada con la salud mental y es por eso que la Ley Camila busca afrontar la salud psicológica como uno de los principales focos de atención en la sociedad al tomar en cuenta la gran necesidad de atención que ya se ha registrado, añadió.
En los hogares hondureños, señaló Velásquez, existen niños que sufren de violencia doméstica, que es uno de los principales detonantes de problemas mentales.
Asimismo, ya se han registrado casos de jóvenes que han sido víctimas de abuso por parte de algún familiar, los cuales luego de los hechos padecen de ansiedad o estrés, indicó la diputada.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional por Atlántida Remberto Zavala expuso un anteproyecto de ley que busca que el Gobierno pague por la vigilancia en los centros educativos.
Zavala explicó que el proyecto está relacionado con la mensualidad que los padres de familia pagan a los vigilantes que ellos mismos contratan para permanecer en los distintos centros educativos para cuidar y vigilar las instalaciones y brindar seguridad a los estudiantes de las distintas jornadas.
La ley busca que el Gobierno de la República pague los montos por el trabajo de estas personas que dan seguridad tanto a los menores como a los docentes de las jornadas diurna y nocturna, y cuidan también que los recintos educativos no sean objeto de robos o sustracción de mobiliarios y material tecnológico, añadió Zavala.
Con la aprobación de esta ley, manifestó, la vigilancia en los centros educativos sería permanente y el pago de este servicio ya no sería costeado por los padres de familia, lo cual en algunos casos afecta su economía, debido a que muchos tienen más de dos hijos en los mismos niveles educativos.
Entre las especificaciones de esta ley están que se deberá asegurar la asignación permanente de personal de vigilancia en todos los centros indicativos del territorio nacional, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada zona geográfica.
Asimismo, garantizar mediante contratación un certificado de asignación de personal institucional, y prohibir trasladar a los padres de familia, asociaciones de padres, patronatos, juntas de cualquier organización comunitaria el costo económico de la contratación de vigilancia para centro educativo públicos. Hondudiario
