*** Los 26 millones de lempiras todavía no han retornado a la OABI y hasta la fecha no se ha efectuado “ni un tan solo pago o abono” relacionado con esos recursos.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reveló este miércoles que el CNA detectó irregularidades en un préstamo de 26 millones de lempiras otorgado por el exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, y la exjefa de la Unidad de Administración y Gestión, Andrea Carolina Zavala, bajo recursos que permanecían bajo custodia del Estado.
La investigación identificó movimientos financieros sin “control institucional” dentro de la OABI y sostuvo que las acciones colocan bajo cuestionamiento a los exfuncionarios responsables de administrar los bienes incautados.
“Mover 26 millones de lempiras sin ningún control institucional no debería convertirse en poca cosa, mucho menos un simple error administrativo”, señaló la directora del ente anticorrupción.
El 17 de diciembre de 2024 una de las empresas incautadas solicitó un préstamo puente de 25 millones de lempiras a la OABI, aunque posteriormente se realizó un desembolso adicional de un millón de lempiras sin respaldo técnico identificado por el CNA.
Castellanos recalcó que los 26 millones de lempiras todavía no han retornado a la OABI y afirmó que hasta la fecha no se ha efectuado “ni un tan solo pago o abono” relacionado con esos recursos.
“Cuando una institución empieza a modificar figuras y flexibilizar procedimientos, el problema deja de ser solamente administrativo y pasa a ser un problema de integridad institucional y lo más grave es que esos 25 millones de lempiras se convirtieron fácilmente en 26 millones, ya que posteriormente se realizó un desembolso adicional de un millón de lempiras sobre el cual, como es costumbre en ambientes de opacidad, no se encontró ninguna evidencia o respaldo técnico de ese presupuesto”, expuso Castellanos.
El CNA también cuestiona quién responderá en caso de que un juzgado de privación de dominio ordene devolver los recursos comprometidos en el préstamo otorgado por la anterior administración de la OABI.
Al respecto, la ejecutiva comentó que la lucha contra la corrupción también implica enfrentar prácticas que “distorsionan las leyes” y debilitan los controles institucionales mediante decisiones discrecionales sobre recursos bajo custodia estatal.
“La anterior OABI no debió manejar lo que tiene bajo su custodia como hacienda sin dueño, lo que está incautado no le pertenece y no puede hacer con ello lo que convenga. Ese es el tamaño del peligro institucional que hoy estamos denunciando”, concluyó. OB/Hondudiario
