*** La comisión no tiene facultades para realizar auditorías ni investigaciones.
El miembro de la Comisión Liquidadora Leonel Núñez aclaró que la finalidad de la Comisión Liquidadora “no es para nada ningún tipo de persecución”, sino reducir el aparato estatal mediante la liquidación y reorganización de instituciones públicas.
Núñez detalló que los cinco comisionados se encuentran distribuidos en distintas instituciones incluidas en el mandato legal y que el trabajo contempla la revisión de aspectos relacionados con personal y administración como parte del proceso de liquidación y absorción institucional.
La comisión no tiene facultades para realizar auditorías ni investigaciones, función que corresponde a otros organismos de control, aunque durante las revisiones preliminares se identificaron situaciones que han llamado la atención de los integrantes del equipo.
“Lo aclaro porque no somos nosotros el ente encargado de hacer una auditoría, de hacer una investigación, sino que son otros los entes encargados de eso, sin embargo de manera superficial hemos visto algunas situaciones que han llamado mucho la atención y de las cuales nosotros hemos puesto en conocimiento a las personas que corresponde saberlo, lógicamente hay cierta información que no podemos manifestarla porque se necesita más investigación, más profundidad, pero reitero no somos nosotros, sino que son las instituciones encargadas de los entes controladores”, reiteró.
Algunos de esos hallazgos ya fueron incluidos en el primer informe elaborado por la comisión y existe una “punta del iceberg” que requiere una revisión más profunda por parte de los entes investigadores del Estado.
Al respecto, Núñez indicó que espera el acompañamiento de los organismos encargados de determinar responsabilidades y dar seguimiento a la información recopilada durante el proceso de liquidación, debido a que la comisión únicamente traslada los hallazgos detectados en sus evaluaciones.
La eventual recuperación de recursos que pudieran haber sido manejados de forma incorrecta corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, entidades que tienen la responsabilidad de efectuar las investigaciones y acciones que procedan conforme a la ley. OB/Hondudiario
