*** Las medidas pueden funcionar únicamente si las leyes se aplican.
La coordinadora e investigadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Regina Fonseca, declaró que las recientes reformas aprobadas para combatir la violencia contra las mujeres pueden resultar positivas, pero advirtió que de nada servirán mientras persistan los altos niveles de impunidad que existen en Honduras en este tipo de delitos.
Regina Fonseca indicó que, según la información que logró escuchar del Congreso Nacional, las medidas le parecen adecuadas siempre que exista “acceso a justicia” para las mujeres y que las resoluciones judiciales necesarias permitan aplicar las sanciones contempladas en la ley.
La fuente recordó que la normativa establece que debe existir una sentencia, resolución o condena para que las restricciones aprobadas puedan ejecutarse contra los responsables de violencia doméstica y otras agresiones contra las mujeres.
Los niveles de impunidad superan el 55 por ciento en los casos de violencia doméstica contra las mujeres y alcanzan alrededor del 90 por ciento en los casos de femicidios y muertes violentas de mujeres, lo que limita la efectividad de cualquier reforma legal.
“Entonces, no hay ninguna medida que se ponga, incluso pena de cárcel de por vida para los femicidas, no hay nada que sirva si efectivamente se mantienen los niveles de impunidad, que en los casos de violencia doméstica contra las mujeres rondan más arriba del 55 por ciento y en los casos de femicidios y muerte violenta contra las mujeres rondan el 90 por ciento de impunidad”, indicó.
Según dijo, las medidas pueden funcionar únicamente si las leyes se aplican de manera efectiva y si las instituciones responsables cuentan con “voluntad política”, recursos para capacitación y herramientas para la construcción de protocolos que permitan ejecutar las disposiciones aprobadas.
La coordinadora CDM consideró que todas las reformas pueden convertirse en un “adorno” si no existen recursos para su implementación y si no se reducen los niveles de impunidad que afectan los procesos de justicia relacionados con la violencia contra las mujeres. OB/Hondudiario
