*** El desarrollo de las diligencias previas deberá determinar si el material probatorio reunido permite sostener un requerimiento fiscal efectivo conforme a los parámetros establecidos por la legislación penal vigente.
El abogado y analista en temas políticos Kenneth Madrid señaló este viernes que las diligencias previas emitidas contra los exmiembros de la Comisión Permanente deben servir para sustentar un “requerimiento fiscal sólido” y efectivo mediante la obtención de pruebas con “revestimiento de constitucionalidad” y pleno respeto al principio de legalidad.
El Ministerio Público presentó en las últimas horas diligencias prejudiciales ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como parte de la investigación relacionada con los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, entre ellos el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo.
Las diligencias prejudiciales corresponden a una fase previa del proceso investigativo que permite, entre otras actuaciones, la juramentación de peritos y la obtención de documentos mediante los procedimientos establecidos para garantizar la cadena de custodia.
Madrid argumentó a medios que esas actuaciones deben orientarse a garantizar que toda la prueba obtenida tenga validez jurídica y pueda respaldar un proceso penal firme, aunque advirtió que en algunos casos las diligencias previas no cuentan con el fundamento legal suficiente para construir un “requerimiento fiscal fuerte”.
“Así que uno esperaría que estas diligencias vayan enfocadas obviamente a crear un requerimiento fiscal fuerte y efectivo y garantizando ese principio de legalidad y que no vaya a quedar como esfuerzos que no terminen obviamente en un proceso penal efectivo”, opinó.
El analista expuso que tras examinar las actuaciones de la Comisión Permanente observó que ese órgano intervino en asuntos político electorales y no tenía facultades para hacerlo y consideró que existe una “mínima actividad probatoria” para sustentar un requerimiento fiscal.
Así también, explicó que el Código Procesal Penal no exige certeza absoluta para presentar una acción penal sino únicamente indicios de una posible participación en un delito y el Ministerio Público desarrolla el “tamiz de legalidad” necesario para fundamentar el caso.
Asimismo, el abogado anotó que las diligencias previas deben concluir en un proceso penal objetivo transparente e imparcial que responda a las expectativas de la ciudadanía y fortalezca la legalidad dentro de la investigación.
El desarrollo de las diligencias previas deberá determinar si el material probatorio reunido permite sostener un requerimiento fiscal efectivo conforme a los parámetros establecidos por la legislación penal vigente. OB/Hondudiario
