*** Lafosse adelantó que el país deberá responder las consultas que formule la Comisión.
La abogada constitucionalista Ruth Lafosse aclaró este viernes que la comparecencia de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) corresponde a una fase preliminar y no al análisis de fondo del caso, además de señalar que el debate se centrará en determinar si el juicio político aplicado al exfiscal general Johel Zelaya cumplió con los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano.
Lafosse adelantó que el país deberá responder las consultas que formule la Comisión sobre el juicio político contra el exfiscal general y sobre el precedente relacionado con la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etapa que definió como “audiencias preparatorias”.
“Todavía no hemos entrado al proceso de juicio exactamente, sino que a audiencias preparatorias sobre las posibilidades de una admisión de una denuncia o no para procesarla desde el punto de vista de una sentencia de un organismo internacional como es éste, entonces Honduras tendrá que preparar y responder a las preguntas que le pudiera realizar esa comisión sobre el caso del juicio político aplicado al fiscal general y sobre el precedente de una sentencia en relación al caso de los magistrados destituidos cuando no existía un juicio político todavía”, expuso la abogada.
El principal debate no debe limitarse a determinar si los estándares convencionales fueron aplicados durante el juicio político contra el exfiscal general, sino a establecer si esos criterios también corresponden a un procedimiento dirigido contra una función pública distinta de la jurisdiccional, explicó.
De la misma manera, el análisis debe examinar “los hechos planteados”, las garantías presuntamente vulneradas y la existencia de disposiciones normativas previas que regularan la destitución de funcionarios conforme a una causal previamente definida.
“Entonces para para contestar a esa pregunta tenemos que ver cuál fue el objeto, cuáles fueron los hechos planteados, cuáles fueron las garantías violentadas y si en ese momento había disposiciones previas de carácter normativa para sustituir bajo una causal previamente definida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, desglosó.
“Entonces esa sí sería el verdadero debate que entre comillas o entre preguntas y respuestas que tendría que explicar el país en ese momento de esa audiencia”, amplió.
Las respuestas del Estado durante esa audiencia deberán centrarse en explicar el alcance jurídico del juicio político y la aplicación de los estándares convencionales conforme a las características específicas de cada caso. OB/Hondudiario
