*** Según dijo, el Estado ya comenzó a pagar las consecuencias económicas derivadas de la sentencia del caso Gutiérrez Navas.
El exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, manifestó que el Estado de Honduras no debió aplicar el juicio político contra el fiscal general Marlon Ochoa y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, sin reformar previamente la Constitución de la República y la ley secundaria que regula esa figura.
Barrios señaló que la principal observación derivada de la sentencia del caso Gutiérrez Navas y otros contra Honduras establece la “no repetición” de la aplicación del juicio político bajo las mismas condiciones, mientras señaló que debían concretarse previamente las reformas correspondientes.
Al respecto, anticipó que la audiencia temática prevista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejará expuesta la situación del Estado de Honduras para que Ochoa y Morazán, a quienes calificó como víctimas, puedan iniciar acciones contra el país.
“Viendo los antecedentes, pero es una audiencia temática donde va a quedar establecido, listo y servicio, el estado de Honduras para que las víctimas, en este caso el fiscal general Marlon Ochoa y Mario Morazán, puedan entablar un juicio contra el estado de Honduras”, comentó.
Según dijo, el Estado ya comenzó a pagar las consecuencias económicas derivadas de la sentencia del caso Gutiérrez Navas y otros, y sostuvo que el procurador general debería recibir al expresidente Juan Orlando Hernández a su regreso al país y proceder contra sus bienes para que responda por el pago de esa condena.
En contraste, el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, afirmó que la Ley Especial de Juicio Político garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa de los funcionarios sometidos a ese mecanismo, debido a la comparecencia que Honduras sostendrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar si el juicio político aplicado al exfiscal general Johel Zelaya cumplió con los estándares internacionales del sistema interamericano.
Pérez, abogado de profesión, no comparte los argumentos presentados ante la CIDH y sostuvo que durante el juicio político contra Johel Zelaya se respetaron “todas sus garantías”, en especial el debido proceso y el derecho de defensa.
“Fuimos cuidadosos punto por punto de no violar ningún aspecto que pudiera considerarse atentatorio contra el debido proceso y contra el derecho de defensa que al que tiene derecho cualquier ciudadano o persona. Así que no comparto de que el resultado de esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vaya a tener una resolución favorable para él, pero la respeto”, comentó. OB/Hondudiario
