*** Molina aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia de la empresa de transporte relacionada específicamente con extorsión.
El director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, aseguró este miércoles que cuando existe una denuncia y se cumple el protocolo correspondiente obtienen “resultados positivos al 100 por ciento”, ante el cierre de operaciones de una empresa de transporte que cubre la ruta de Tegucigalpa hacia La Paz por un supuesto clima de inseguridad y extorsión, mientras negó que existan denuncias que sustenten cierres de centros educativos privados por ese delito.
Molina aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia de la empresa de transporte relacionada específicamente con extorsión, aunque instruyó a unidades policiales para establecer acercamientos con sus representantes, conocer las circunstancias que motivaron la decisión y brindar el apoyo correspondiente.
El funcionario policial recalcó que ordenará a la unidad encargada del transporte urbano establecer un servicio focalizado para que la empresa pueda continuar sus operaciones con mayor seguridad y reciba la asesoría necesaria antes de tomar la decisión de cerrar.
“Yo a los ciudadanos les puedo garantizar al 100 por ciento que cuando hay una denuncia y seguimos el protocolo como corresponde nosotros damos resultados positivos al 100 por ciento de efectividad”, anotó.
Molina recordó que las reformas impulsadas por el Gobierno en materia de extorsión ofrecen mecanismos para proteger a las víctimas y facilitar acciones contra este delito, pero insistió en la importancia de presentar las denuncias para que las autoridades puedan iniciar los procedimientos correspondientes.
Extorsión en centros educativos privados
El director indicó que revisó los registros de los últimos cuatro años y no encontró denuncias por extorsión relacionadas con establecimientos educativos privados, razón por la cual afirmó desconocer los datos o fuentes que sustentan versiones sobre centros de enseñanza particulares afectados por esta problemática.
Molina manifestó que las autoridades sí tienen conocimiento de situaciones relacionadas con posibles actividades extorsivas dentro de algunos centros educativos públicos ubicados en zonas vulnerables, casos que involucran a ciertos estudiantes y no necesariamente a estructuras externas que amenacen a los docentes.
Además, explicó que existe una mesa técnica con la Fiscalía de la Niñez, la Policía Comunitaria y la unidad de prevención de la Secretaría de Educación para intervenir centros educativos públicos ubicados en comunidades vulnerables donde se han identificado estas situaciones.
Molina concluyó que algunos alumnos con “conductas antisociales” podrían estar vinculados con estructuras y desarrollar actividades dentro de los centros educativos contra otros estudiantes, ante lo cual las instituciones trabajan de manera preventiva para evitar que estos hechos continúen. OB/Hondudiario
