*** La ASJ ha presentado denuncias con información específica y algunos expedientes ya reciben respuesta por parte de los fiscales.
El director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, manifestó que el Ministerio Público debe aplicar una “persecución penal estratégica” para priorizar los casos de corrupción con mayor impacto económico y social, ya que no todas las investigaciones generan la misma afectación para la población ni pueden atenderse al mismo tiempo.
El representante de ASJ no desconoció que programas sociales como Red Solidaria y la Secretaría de Desarrollo Social administraron millonarios recursos públicos y sostuvo que existen denuncias relacionadas con bonos y becas que no siempre llegaron a los beneficiarios previstos, por lo que esas investigaciones deben avanzar conforme a su nivel de impacto.
“Esa persecución penal estratégica es cuando usted dice, tengo tanto en la mesa, pero yo miro que este, este y este, que tal vez son tres casos de 100, pero la afectación que tuvo, en función del dinero y del impacto social en la gente, esos tres casos, tal vez es superior a los 97 que están, entonces usted prioriza el tema de presupuestario, porque obviamente el Ministerio Público, como cualquier dependencia pública, tiene limitantes presupuestarias, tiene limitantes en temas de personal”, comentó.
Aguilar recordó que la ASJ ha presentado denuncias con información específica y algunos expedientes ya reciben respuesta por parte de los fiscales, aunque precisó que varias investigaciones continúan en proceso de indagación antes de ser judicializadas.
Del mismo modo, señaló que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe ofrecer mayores resultados luego de que su presupuesto aumentó de “500 y pico millones” a más de mil millones de lempiras y cuestionó que en los últimos cinco años solo haya remitido cuatro o cinco informes relacionados con enriquecimiento ilícito.
“El Tribunal hace tres cosas que son importantísimas en un sistema de control de la corrupción, primero se encarga, y porque lo dice la Constitución de la República, de la fiscalización de la ejecución de los fondos públicos a posteriori, así lo dice, que es básicamente hacer auditorías, en ese caso todo dinero que se ha ejecutado derogado debería ser auditado, solamente a nivel de las municipalidades debería ser una vez al año 298 auditorías, en los últimos años no supera las 250 a nivel del Estado, de todo, no solamente las municipalidades”, cuestionó.
El director de Democracia y Transparencia adicionó que el Tribunal Superior de Cuentas también debe fortalecer el control de las declaraciones patrimoniales juradas y la fiscalización del “enriquecimiento ilícito” para identificar posibles irregularidades y remitir los casos al Ministerio Público con el fin de deducir las responsabilidades correspondientes. OB/Hondudiario
