*** El TSC señaló que los hallazgos podrían generar responsabilidades administrativas, civiles y penales, por lo que trasladó la información al Ministerio Público.
El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Montes, informó este martes que el ente fiscalizador remitió al Ministerio Público (MP) un primer informe con hallazgos de posibles irregularidades en los procesos de embargos ejecutados contra recursos del Estado, tras identificar indicios que podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales.
“Este informe se realizó después de la investigación de los embargos que se realizaron a la cuenta única del Estado, y hacemos saber a la población que como ente fiscalizador y como ente protector de los recursos públicos, nosotros tenemos que ver cómo se manejan los recursos, y que en estas investigaciones pueden salir responsabilidades, tanto administrativas civiles y penales”, dijo Montes.
Asimismo, recalcó que, dentro de la investigación se identificó que la parte actora corresponde a personas particulares que promovieron acciones ante los juzgados, señalando que el cumplimiento de la ley aplica tanto para funcionarios públicos como para actores privados, destacó que los hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría fueron remitidos al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades que correspondan.
Sobre como avanza en las investigaciones, el magistrado aseguró que ya van un 90 por ciento y, además, que a medida se vaya remitiendo cualquier acción sobre estas situaciones, sobre estos embargos, a la cuenta única del Estado, se va a actuar en base a las disposiciones generales del presupuesto y también a la normativa.
“En esto hay responsabilidad administrativa en la parte que pudimos identificar nosotros, y tenemos que emitir las resoluciones respectivas aplicando las acciones que en derecho corresponde y la parte de la responsabilidad civil que se vaya generando y la penal en el caso que remitimos al Ministerio Público”, subrayó.
Ante esta situación el procurador general de la República Dagoberto Aspra, mencionó que la PGR no está al frente de todas esas demandas, que intervienen en las demandas de mayor cuantía, demandas que presentan un grave impacto a las finanzas del Estado, pero que muchas de ellas se trabajan con las unidades de asesoría legal dentro de las instituciones.
“Entonces, ese número que ustedes manejan de demandas, como les digo, no todas están adscritas a la responsabilidad de la Procuraduría, sino que una gran parte de ellas se maneja dentro de las instituciones, por lo cual, como les digo, el manejo de nosotros radica en la supervisión y la auditoría de ellos, pero el control directo lo manejan las instituciones”, subrayó. ED/Hondudiario
