*** La ASJ pide determinar responsabilidades en toda la cadena tras los hallazgos del TSC.

El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, pidió al Ministerio Público (MP) profundizar las investigaciones tras las irregularidades detectadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en exhortos utilizados para ejecutar embargos contra fondos de la Cuenta Única del Estado.
“En este caso, la investigación del Tribunal Superior de Cuentas a través de ese informe debe ser remitido a las instancias correspondientes, en ese caso el Ministerio Público, a partir de ahí profundizar en esas investigaciones, requerir a las personas que de una u otra manera han puesto en peligro la finanza de esta alcaldía en el sur del país y deducir las responsabilidades, bien sean penales, pero también buscando la recuperación de esos activos a través precisamente de ejercicios de repetición”, señaló.
Aguilar señaló que el caso debe investigarse como una cadena de responsabilidades, ya que, aunque los abogados habrían presentado los documentos presuntamente falsos, también corresponde establecer la responsabilidad de los funcionarios que los recibieron, verificaron y dieron trámite para la ejecución de los embargos.

“La investigación debe ser una cadena, una secuencia y a partir de ahí no solamente esos abogados, sino los funcionarios que eran responsables ser requeridos para desligarse o más bien generar algún tipo de responsabilidad que posteriormente se deduzca ante la justicia hondureña”, subrayó.
Sobre una posible responsabilidad de los alcaldes que estaban al frente de la administración en ese momento, Aguilar comentó que será la investigación la que deberá determinar si existió alguna irregularidad, que las indagaciones deben abarcar todas las etapas del proceso, desde la alcaldía municipal hasta los funcionarios del Poder Judicial y los abogados involucrados en la gestión de los documentos.
En las últimas horas, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró irregularidades en 13 exhortos utilizados para ejecutar embargos judiciales contra fondos de la Cuenta Única del Estado, con un perjuicio económico de 32 millones 545 mil 791 lempiras con 88 centavos, según las conclusiones del Informe Especial No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, derivado de una investigación practicada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por hechos relacionados con los ejercicios fiscales 2024 y 2025. ED/Hondudiario



