*** La PGR pide que se dicte auto de formal procesamiento contra el exmandatario.
La Procuraduría General de la República (PGR), emitió un comunicado en el que exigen a la Corte de Apelaciones que se revoque el sobreseimiento definitivo que se le dio al expresidente Juan Orlando Hernández y se le aplique un auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos.
“La Procuraduría General de la República interpuso, dentro del plazo legal, un recurso de apelación sólido y suficiente ante la Corte de Apelaciones designada, a fin de que se revoque el sobreseimiento definitivo dictado a favor de Juan Orlando Hernández y se dicte auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos, por encontrarse acreditada la mínima actividad probatoria sobre su participación”, manifestaron.
El caso pandora consistió en el desfalco durante el 2010-2014 con la cantidad que ascendió a L. 288 millones 16 mil 175 en la suscripción de convenios para dar “apariencia” de legalidad en proyectos sociales, empleo entre otros.
“La auditoría practicada por el Tribunal Superior de Cuentas declaró indicios de responsabilidad penal, al comprobarse que ninguna cantidad fue invertida en el destino convenido. Asimismo, las pericias financieras y transaccionales realizadas por el Ministerio Público determinaron que al menos L. 62 millones 26 mil 784 fueron utilizados en la campaña política del imputado Juan Orlando Hernández”, indicó la PGR.
Recordaron que en el pasado 12 de agosto de 2026, cuando propusieron los medios de prueba el Ministerio Público ofreció que testificara Fernando Suárez quien es testigo principal del caso y quien manejaba las fundaciones que recibieron este supuesto dinero, mismo que desvió para pagar actividades de campaña política.
“El testigo se encontraba recluido en una unidad policial, cumpliendo la pena impuesta bajo estrictas medidas de seguridad. Ese mismo día, un juez de ejecución con competencia nacional lo puso en libertad de manera unilateral, sin audiencia ni notificación a las partes, sin asignarle seguridad pese a su condición de testigo protegido, sin consignar dirección alguna y sin establecer medidas que permitieran su ubicación”, puntualizaron.
La PGR aseguró que el juez excluyó más de la mitad de los medios de prueba documental propuestos por la acusación y en consecuencia se declaró una insuficiencia probatoria que según este ente él mismo provocó.
“De los 38 medios de prueba propuestos inadmitió 22, es decir, cerca del 58 por ciento de la carga probatoria de la acusación, además de excluir la totalidad de la prueba evidencia. Sobre esa carga probatoria ya reducida, la resolución concluye que no existen elementos suficientes para acreditar el destino de los fondos ni el beneficio a favor del imputado, con el argumento de que «los recibos y facturas propuestos no están a nombre del imputado”, añadieron.
Seguidamente este mismo inadmitió 80 constancias que corresponden al igual de número de comunidades que debieron beneficiarse de ese dinero y no recibieron nada de esos recursos por considerarlos excesivos. Finalmente, la PGR dijo que debe de aclararse todo eso porque es “falsa” la premisa que esos fondos fueron auditados. AB/Hondudiario
