*** La Procuraduría General de la República solicitó al Ministerio Público iniciar de inmediato la investigación penal correspondiente.
La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks por los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras, dentro del caso relacionado con ZEDE Próspera.
La acción toma como fundamento la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 20 de septiembre de 2024, publicada en La Gaceta el 25 de noviembre de ese año, que declaró la inconstitucionalidad con efecto “ex tunc (de carácter retroactivo)” de la reforma constitucional y de la legislación que sustentó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como del decreto que creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
La PGR indicó que Colindres Castillo continuó presentándose como autoridad de una supuesta “jurisdicción especial” y que el pasado 15 de septiembre juramentó a Hernández Franks como “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera, con atribuciones jurisdiccionales, de cobro forzoso de tributos y de resguardo del orden público, facultades reservadas por la Constitución a los Poderes del Estado.
La resolución judicial también establece que ningún nombramiento emitido por el CAMP ni las actuaciones derivadas de estos, incluidos los cargos de “secretario técnico de ZEDE Próspera” y “Fiscal Civil”, cuentan con validez jurídica, debido al efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad sobre las normas que dieron origen a las ZEDE.
La Procuraduría General de la República solicitó al Ministerio Público iniciar de inmediato la investigación penal correspondiente, preservar la evidencia vinculada con los actos denunciados, recabar documentación e informes ante instituciones estatales y entidades relacionadas con ZEDE Próspera, además de tomar las declaraciones pertinentes y reservarse el derecho de constituirse como acusador en representación de los intereses del Estado.
“Ninguna estructura privada puede erigirse como autoridad pública dentro del territorio hondureño”, señaló la PGR en un comunicado oficial.
La PGR recalcó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, el orden constitucional y el Estado de derecho, e instó al Ministerio Público a concluir la investigación para determinar las acciones penales correspondientes y participar en el proceso judicial ante los tribunales competentes, con el propósito de deducir las responsabilidades que correspondan.
La semana pasada, Próspera ZEDE anunció en sus redes sociales la designación del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil de esa jurisdicción, con funciones vinculadas a asuntos civiles y administrativos.OB/Hondudiario
