*** La reforma establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad podrá autorizar el uso anticipado de hasta el 100 por ciento del dinero incautado que esté bajo administración de la OABI.
El pleno del Congreso Nacional aprobó la noche del lunes una reforma que permitirá utilizar dinero y otros recursos incautados a personas o empresas durante procesos judiciales para fortalecer a las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.
La medida busca que la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público, la Fiscalía y otras entidades de seguridad y justicia puedan contar con más recursos para realizar su trabajo, sin tener que esperar a que los casos concluyan con una sentencia definitiva.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que algunos procesos para determinar si los bienes deben pasar definitivamente al Estado pueden tardar entre 10 y 15 años.
Con esta reforma, las instituciones podrán recibir parte de esos recursos antes de que termine el proceso, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley, indicó.
“Lo que se busca es darle mayor respaldo presupuestario a la Policía Nacional, a la Policía Militar, a la Agencia Nacional contra el Crimen, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y a la misma OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados)”, expresó el titular del Legislativo.
Distribución los fondos
La reforma establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad podrá autorizar el uso anticipado de hasta el 100 por ciento del dinero incautado que esté bajo administración de la OABI. La distribución deberá contar con una autorización debidamente justificada y cumplir los requisitos legales.
Del total autorizado, el 25 por ciento corresponderá a la Secretaría de Defensa y otro 25 por ciento a la Secretaría de Seguridad.
El Ministerio Público y el Poder Judicial recibirán un 15 por ciento cada uno, mientras que la OABI contará con un 10 por ciento.
Asimismo, el 10 por ciento restante se dividirá en partes iguales entre la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y la Agencia Nacional contra el Crimen.
La intención es que estas instituciones puedan disponer de recursos para reforzar sus capacidades mientras avanzan los procesos judiciales.
Sin embargo, la entrega anticipada del dinero no significa que el Estado ya sea su propietario ni que se haya decidido definitivamente el destino de los bienes.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que el dinero deberá devolverse si una resolución judicial determina que corresponde a la persona o empresa a la que se le incautó.
La Secretaría de Finanzas tendrá la responsabilidad de garantizar que existan los recursos necesarios para cumplir con esa devolución, incluidos los intereses y otros pagos que establezca la ley.
“Si en su momento se dicta una sentencia de privación favorable a la persona a la que se le incautaron los recursos, en este decreto queda Finanzas como aval y se le establece un plazo para devolverle el dinero a ese ciudadano, con los intereses que la misma ley establece”, manifestó Zambrano.
El decreto dispone que cualquier uso o distribución del dinero incautado que no cumpla con lo establecido en la ley quedará sin efecto y podrá dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Además, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad deberá aprobar, dentro de los 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, las reglas para determinar cómo se solicitarán, distribuirán, utilizarán y controlarán estos recursos.
También deberán establecerse mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
El titular del CN afirmó que fortalecer a las instituciones requiere tanto herramientas legales como recursos para enfrentar la delincuencia.
Asimismo, agradeció el respaldo de diputados de distintas fuerzas políticas y reiteró que el Congreso continuará impulsando medidas dirigidas a recuperar la paz y la tranquilidad de la población. Hondudiario
