*** La extorsión dentro del ámbito educativo puede producirse entre los propios estudiantes.
El director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Wilmer Vásquez, alertó que la extorsión y la violencia de las estructuras criminales afectan los centros educativos hondureños, donde adolescentes pueden ser obligados o chantajeados para cometer infracciones, mientras las familias enfrentan el desplazamiento forzado.
Vásquez no desconoció que la extorsión constituye una problemática que Honduras enfrenta desde hace décadas y recordó que esta situación impulsó iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, aunque causa preocupación la presencia de estas prácticas dentro de los centros educativos y por el uso de estudiantes por parte de estructuras criminales.
“Esa violencia estructural, esa violencia que ha carcomido también al sistema educativo y que obliga a las familias a abandonar las comunidades para poderse proteger, pero también está obligando a hacer cambios muy radicales desde los mismos centros educativos para poder protegerse de estas estructuras criminales que se han establecido en diferentes comunidades, barrios, colonias a lo largo y ancho del territorio nacional”, expuso.
La extorsión dentro del ámbito educativo puede producirse entre los propios estudiantes, desde estudiantes hacia docentes o contra padres de familia, además de extenderse a las comunidades donde operan las estructuras criminales.
Vásquez planteó que el Estado debe definir respuestas concretas para la “persecución de este delito” y su combate, con acciones que permitan llevar los casos ante la justicia y garantizar la protección de la niñez y la adolescencia en sus entornos familiar, educativo y comunitario.
Aun así, advirtió que el desplazamiento forzado por violencia también forma parte de esta problemática, debido a que las familias se ven obligadas a abandonar sus comunidades para protegerse de las estructuras criminales que operan en barrios, colonias y distintas zonas del territorio nacional.
Vásquez recalcó que la violencia ha afectado el funcionamiento del sistema educativo y obliga a los centros a implementar “cambios muy radicales” para resguardar a sus comunidades, por lo que insistió en la necesidad de que el Estado aborde tanto la extorsión como el desplazamiento forzado y garantice la seguridad de niños, adolescentes, docentes y familias. OB/Hondudiario
