*** El portavoz cuestionó que organismos internacionales puedan financiar contenidos educativos sobre sexualidad.

El vocero del Movimiento por Nuestros Hijos, Juan Diego Lacayo, declaró este martes que la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente “no tiene ningún sentido” y cuestionó su contenido, pues considera que la normativa no completó el procedimiento legislativo requerido y permite la participación de organismos internacionales en el financiamiento de métodos para prevenir embarazos adolescentes.
Lacayo reseñó que la iniciativa aprobada por el Congreso Nacional debía completar el proceso legislativo correspondiente para convertirse en ley de la República, pero aseguró que ese procedimiento no se cumplió.
“Esta ley no es ley, esto podemos decir que es un decreto legislativo. Esto no es ley, porque para convertirse en ley usted tiene que transitar un proceso legislativo, que en este caso no se transitó y ese es justamente la esencia de la denuncia”, argumentó.

El portavoz cuestionó que organismos internacionales puedan financiar contenidos educativos sobre sexualidad y defendió que los padres de familia tengan la potestad de decidir qué materiales reciben sus hijos, de acuerdo con sus convicciones religiosas y su cultura familiar.
Del mismo modo, expuso que la normativa contemplaba que organismos internacionales financiaran métodos para prevenir el embarazo adolescente y tal contenido se presentara como educación integral, aunque, según expresó, “no es educación integral”, sino “educación sexual integral”.
“Si eso es lo que van a llevar a las escuelas, ahí nos van a tener a nosotros en las calles”, advirtió.

“Entonces, el asunto es, esos eran los contenidos que tenía esa ley. Esa ley decía específicamente que los organismos internacionales podían financiar los métodos para prevención del embarazo adolescente, entonces no es educación integral. Lo que me están metiendo es educación sexual integral”, anotó.
Distintos sectores sociales se manifestaron contra la iniciativa, lo que llevó a la expresidenta Xiomara de Zelaya a vetar la normativa después de las protestas de padres de familia, organizaciones civiles y otros grupos que expresaron su rechazo.
Lacayo discutió que el Congreso Nacional plantee derogar una normativa que no llegó a promulgarse válidamente y llama la atención que funcionarios del gobierno anterior remitieron el documento para su publicación de manera irregular durante los últimos momentos de esa administración. OB/Hondudiario



