*** La sesión contó con la presencia de autoridades del Poder Judicial, así como de representantes de las instituciones responsables de la seguridad, la investigación criminal y el sistema penitenciario.

El Congreso Nacional aprobó este martes, con dispensa de dos debates, la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, orientada a endurecer las penas de cárcel contra las estructuras criminales en Honduras.
La normativa establece penas de 30 a 40 años de prisión para los integrantes de estas organizaciones, ahora consideradas terroristas, y condenas de 40 años hasta prisión a perpetuidad para sus cabecillas, directivos, promotores y financistas.
La reforma al Código Penal busca fortalecer las herramientas legales disponibles para la investigación, persecución, juzgamiento y sanción de las asociaciones terroristas, maras y pandillas que operan en el país, según la normativa.

El marco legal también está dirigido a combatir los mecanismos utilizados por estas estructuras para intimidar a la población y ejercer control territorial, mediante disposiciones orientadas a respaldar la actuación de los operadores de justicia.
El Congreso Nacional, bajo el liderazgo de su presidente, Tomás Zambrano, impulsa estas reformas como parte de las acciones legislativas destinadas a fortalecer la seguridad y contribuir a la paz y tranquilidad de los hondureños.
La aprobación de la normativa contó con el respaldo de 118 diputados, según los datos conocidos desde el hemiciclo legislativo, y registró la abstención de 10 representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Con esta aprobación, el Congreso Nacional incorpora nuevas disposiciones al marco penal y procesal hondureño para endurecer las sanciones contra las estructuras criminales y reforzar los mecanismos legales para combatir sus actividades.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, había anunciado este martes que la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal contempla aumentar las penas por terrorismo hasta la privación de libertad de por vida, ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales y autorizar allanamientos sin orden judicial bajo operaciones interinstitucionales, con el acompañamiento de fiscales del Ministerio Público.
Zambrano, adelantó que la reforma se aprobaría este mismo martes, y avanzó que la propuesta también establece penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de asociaciones terroristas, de 40 años a prisión de por vida para sus cabecillas y para quienes recluten menores de edad en maras, pandillas y grupos terroristas, además de sanciones de igual alcance para quienes causen la muerte de miembros de las instituciones de seguridad y justicia.

“La reforma que esperamos poder llevar a cabo la aprobación hoy. Es una reforma al Código Penal, Procesal Penal que en resumen es ampliar de 24 a 48 horas la presentación de requerimientos fiscales cuando se detienen a grupos terroristas. La segunda, autorizar allanamiento sin orden judicial cuando se identifique en una operación interinstitucional”, detalló horas antes de comenzar la sesión.
El titular del Legislativo indicó que los allanamientos sin orden judicial se realizarían mediante operaciones coordinadas entre las instituciones competentes y con la presencia de un fiscal del Ministerio Público, mientras que la reforma también contempla considerar terroristas a quienes tengan tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18, sin incluir tatuajes artísticos o familiares de otra naturaleza, además de establecer sanciones penitenciarias para quienes incumplan las normas de los centros penales y módulos de máxima seguridad.
Zambrano enumeró que, gracias a las reformas antes aprobadas, más de 66 integrantes de grupos terroristas permanecen ya recluidos en regímenes de máxima seguridad, con 23 horas y media de encierro y 30 minutos de ejercicio, sin comunicación con el exterior, visitas ni ingreso de alimentos, y sostuvo que las reformas buscan recuperar la paz y permitir que las familias transiten con tranquilidad por barrios y colonias. OB/Hondudiario



