*** Molina aseguró que las acciones contra estructuras criminales se ejecutarán con sustento probatorio y respeto al debido proceso.

El director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, aseguró que las capturas y los procesos derivados de las reformas penales contra estas estructuras se desarrollarán con apego a la ley y respeto al debido proceso, ante los cuestionamientos de organismos de derechos humanos por las medidas adoptadas por el Estado hondureño.
“Yo sé que los organismos de derechos humanos, algunos van a venir a dar críticas, los derechos humanos viven de eso, muchos de estos van a querer salir a la palestra pública para ver cómo se financian económicamente productos de informes oscuros, eso es normal”, comentó Molina.
De igual manera, el funcionario sostuvo que las reformas responden a una decisión que considera necesaria para enfrentar las estructuras criminales y señaló que medidas similares se están adoptando en otros países de Latinoamérica, como parte de las estrategias para combatir estos grupos.

“Y los temas que enfrentamos son muy parecidos, pues yo creo que es un momento histórico en donde nosotros tenemos que ir de frente, va a implicar mucho no solamente las capturas, el régimen penitenciario en cuanto a la rigidez para la disciplina impuesta dentro de los mismos va a ser fundamental para de una u otra forma generar un impacto en el reemplazo generacional de estas estructuras que por años han venido pregonando y afectando la paz y la tranquilidad de la población hondureña”, recalcó.
Asimismo, Molina recordó que las maras han evolucionado desde las décadas de 1980 y 1990, y que las capturas se realizan con criterios objetivos y sustento probatorio, reiteró que, pese a las reformas penales, los procedimientos se desarrollarán con respeto al debido proceso y dentro del marco de la ley.
Cabe recordar que en los últimos días la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), pidió revisar las reformas penales aprobadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado, advirtiendo que algunas de sus disposiciones podrían vulnerar garantías fundamentales, limitar libertades y generar riesgos de detenciones arbitrarias. ED/Hondudiario



