Por: Dr. Roberto Herrera Cáceres.
En fecha reciente se divulgó la entrevista sobre la adopción nacional de medidas preventivas de protección de personas migrantes hondureñas y centroamericanas; así como sobre la adopción de una iniciativa subregional para la solución de la problemática de la migración forzada e irregular desde países centroamericanos, sus causas estructurales y efectos coyunturales incluyendo la superación de las diferentes amenazas o males públicos que se entremezclan en el entorno nacional e internacional. https://www.hondudiario.com/2025/01/05/los-gobiernos-que-integran-el-sica-deben-asumir-acciones-responsables-ante-la-amenaza-dedeportaciones-masivas-de-migrantes-por-eeuu-herrera-caceres/
En el presente artículo, se aborda aspectos adicionales que precisan – aún más – la razón y propósito de dicha iniciativa de afirmación de la unidad subregional como Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la consolidación de la autodeterminación de Centroamérica – en favor de sus pueblos – en sus relaciones externas.
El objetivo fundamental del SICA es constituirnos como Región de Democracia, Libertad, Desarrollo y Paz con el propósito superior de que prevalezca el respeto y la protección y promoción de la dignidad, los derechos y la seguridad humana de todos los pueblos de sus Estados miembros, de los cuales son también parte las personas nacionales migrantes.
En general, los gobiernos centroamericanos de los países de origen de las personas migrantes han tendido a desinteresarse del deber que tienen de asegurar realmente condiciones básicas de seguridad humana o democrática a todo su pueblo en forma tal que sus integrantes puedan real y efectivamente disfrutar de vida digna como personas y participar plenamente en el desarrollo sostenible de sus países. Por su parte, la sociedad misma no ha reclamado a sus respectivos gobiernos ni contribuido significativamente a ello.
Al sufrir la privación de esos derechos humanos, el sector más afectado del pueblo se ve obligado a migrar y a afrontar su ciclo migratorio sin protección de su dignidad ya que sus gobiernos han tendido también a dejarla bajo la aplicación discrecional de políticas nacionales de los gobiernos de los países de tránsito y destino que frecuentemente lo hacen con arbitrariedad, procediendo contrariamente al Derecho Internacional general y de los derechos humanos – incluyendo el derecho de los refugiados – a la justicia, a la razón y sin un razonamiento y explicación suficiente de las medidas que adoptan.
Debido a las cada vez más oprobiosas consecuencias derivadas de esa situación irregular, de la injusticia social prevaleciente y de las amenazas crecientes a la dignidad y seguridad humana de personas migrantes centroamericanas: los gobiernos deben actuar legítimamente, adoptando medidas preventivas de protección de sus migrantes y de atención diligente a dar respuestas apropiadas a la esencia de la problemática o causas de la misma y a otros males públicos que son sus parásitos sociales. En general, ello es debido al incumplimiento de los deberes de los gobiernos que – hasta la fecha – se han sucedido en la gestión del Estado democrático de Derecho hacia su fin social supremo de asegurar el respeto y la protección de la dignidad y derechos humanos de las personas.
Este estado inconstitucional de cosas debe superarse mediante la acción determinante de cada pueblo o sociedad de cada Estado con el apoyo solidario centroamericano e iniciativas regionales de cooperación solidaria centroamericana e internacional, por medio de la organización regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Se trata de cooperación e iniciativas – tendientes a la solución de la problemática integral que incluye la de las causas estructurales y efectos coyunturales en el contexto actual – orientadas a resolverlas conforme al estado de Derecho Internacional vigente, mediante tratados internacionales con garantías de eficacia y efectividad que son instrumentos privilegiados en las relaciones internacionales para negociar, en igualdad de derechos y obligaciones, con Estados más desarrollados del continente y extracontinentales.
Esta iniciativa regional se justifica plenamente, dado que los Estados centroamericanos así lo han convenido jurídica y políticamente al constituir el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), obligando – a sus sucesivos gobiernos – a la tutela, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las personas y pueblos, por medio del disfrute de la democracia, la libertad, el desarrollo, la paz y el estado de Derecho, en sus relaciones internas e internacionales. Lo que comprende el trato digno a las personas migrantes centroamericanas en su ciclo migratorio y en su presencia o estadía en países de tránsito y destino; así como en su voluntaria reintegración a su territorio nacional con respeto a su dignidad en su retorno y vida en sus Estados de origen.
Lo que es aún más: existen normas universales que obligan imperativamente a proteger la dignidad y los derechos del ser humano tanto por Estados en desarrollo como por Estados desarrollados, sin excepción. Obligaciones que no pueden lícitamente ser eludidas o ignoradas por ningún gobierno, en el orden interno; ni tampoco por acuerdos entre gobiernos, en el orden internacional.
En consecuencia, los gobiernos de los Estados de origen y el SICA deben coordinar y complementar sólidamente los aportes y esfuerzos nacionales con el regional para estructurar una base sólida que promueva e impulse la celebración de tratados internacionales en materia de solución de la problemática de la migración forzada e irregular e invitar inicialmente, a México y a los Estados Unidos de América, a concluir esos acuerdos internacionales. Los tratados son fuente privilegiada del Derecho Internacional, por basarse en el libre consentimiento, la buena fe y la obligatoriedad para todos los Estados; y por fortalecer relaciones internacionales más seguras, armoniosas y productivas entre los Estados. Por ello, importa asimismo hacerlo posteriormente, entre otros Estados, con Canadá y España.
Esa iniciativa debidamente documentada debería adoptarse por los gobiernos y el SICA previamente a la reunión de Cancilleres Latinoamericanos que ya ha sido anunciada para fines de este mes de enero 2025; y así cumplir responsablemente las obligaciones como gobiernos de los Estados miembros que conforman también órganos superiores del Sistema de la Integración Centroamericana que deben afirmar su vitalidad y su compromiso ineludible de unidad subregional en favor de sus pueblos, de los cuales son partes sus migrantes; y en la consolidación de la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas.
En esa virtud, la sociedad civil centroamericana en cumplimiento de su derecho y deber de velar verdaderamente por el cumplimiento de los tratados centroamericanos y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos: debe contribuir a movilizar a los pueblos centroamericanos en defensa, protección y disfrute de su dignidad y derechos humanos, reivindicando su derecho al cumplimiento – por sus gobiernos – de las obligaciones contraídas por sus Estados de actuar como unidad jurídico -política en favor de la autodeterminación en sus relaciones con otros Estados y organizaciones; y en el fortalecimiento de Centroamérica como Región de Democracia, Libertad, Desarrollo y Paz sobre la base fundamental de la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos de todos (as) sus habitantes, incluyendo sus migrantes que son titulares del derecho a su seguridad democrática que es inseparable de su propia e individualizada dignidad humana. Roberto Herrera Cáceres/ Hondudiario
