*** Participar en una revolución pacífica nacional es misión cívica y de patriotismo constitucional de la ciudadanía para reivindicar la soberanía del pueblo y su libre determinación por la democracia pluralista real y el efectivo cumplimiento del Estado de Derecho en Honduras”, sugiere el doctor Roberto Herrera Cáceres.
Ante el ambiente o clima de desconfianza e incertidumbre en torno a la próximas elecciones presidenciales del 30 de noviembre próximo, considerando las diferencias entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) por los ocurrido el pasado 9 de marzo, sumado a las diferencias o intereses partidarios, el jurista y analista hondureño doctor Roberto Herrera Cáceres, propone a a los diferentes sectores sumarse «a una misión cívica de una revolución pacífica, basada en el patriotismo ciudadano para reivindicar la soberanía y la democracia en el cumplimiento del Estado de Derecho en el país».
En las pasadas elecciones internas de los partidos políticos, Liberal, Nacional y LIBRE, unas 67 urnas electorales no llegaron a los centros de votación, considerando que según testimonios de los conductores de vehículos, que transportaban el material, por órdenes de miembros de las Fuerzas Armadas, las mismas no fueran entregadas en su destinos señalados, lo que provocó un riesgo en el proceso, sumado a otros problemas de coordinación que previamente fueron identificados y superados, pero han dejando un ambiente de incertidumbre.
En tal sentido, lo anterior se colige en esta entrevista realizada por el primer periódico digital de Honduras, al doctor Herrera Cáceres a quién se le preguntó sobre si a su criterio en el país; ¿Hay antecedentes del clima de desconfianza e incertidumbre actual que se ha generado ante la proximidad del proceso conducente a las elecciones generales 2025?
El jurista internacional, respondió que; «Si, hay antecedentes en la generalidad de los anteriores procesos electorales de Honduras, en particular, por su cercanía en el tiempo, en sucesos del proceso electoral de 2021 que presentó diversos problemas que se resolvieron transitoriamente, pero que resurgieron y agravaron en el 2025, provocando, el 9 de marzo, reacciones largamente esperadas de la ciudadanía, en lo que concierne a la importancia de la participación ciudadana y la valorización de su voto y poder soberano para la realización cierta de las elecciones en atención debida a su razón de ser como etapa política de construcción democrática y de opción de transformación nacional pacífica».
Al respecto, sumó que entre esos problemas empeorados, en la actualidad, es de señalar como ejemplo, entre otros, «las vinculaciones políticas activas de Consejeros del CNE y la consiguiente actuación arbitraria contra la naturaleza constitucional de dicho Consejo Nacional Electoral como institución del Estado sin relaciones de subordinación e independiente de los demás poderes e institucionalidad públicos, y con competencia exclusiva para efectuar los actos y procedimientos que constituyen constitucionalmente el ejercicio de la función electoral».
Para el jurista, indicó que como parte de la ciudadanía y del pueblo, «nos hemos expresado públicamente, llamando a la disciplina y al orden a los Consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los titulares del gobierno e institucionalidad. Estamos determinados a seguir exigiendo cumplir con el deber que tienen de respetar, cumplir y subordinarse a la autoridad de la Constitución y las leyes, en especial a la finalidad, objetivos y principios de la Ley Electoral que, en una República democrática, siempre deben aplicarse e interpretarse en función del cumplimiento y la defensa de los derechos de la persona humana, como el derecho de elegir y ser electo, en un contexto de normalidad democrática necesaria para la celebración de elecciones auténticas en cuanto a su legalidad y legitimidad; y con plena vigencia del Estado de Derecho».
«Así debe garantizarse la función electoral como modo de ejercicio de la voluntad popular, en tanto potestad cumplida por el Consejo Nacional Electoral, en Honduras, por medio del proceso electoral, con la cooperación que los órganos electorales requieran de los otros poderes e institucionalidad del Estado, para el ejercicio cumplido de las exclusivas atribuciones, competencias y facultades del CNE y del TJE en lo concerniente a la función electoral, y del respeto ineludible de las prohibiciones legales, asegurando así condiciones apropiadas de independencia, libertad, pluralismo, honestidad y transparencia en los procedimientos, actuaciones y resultados del poder electoral en la conducción del proceso de elecciones 2025», agregó.
¿Cómo prevenir que siga ocurriendo el desorden institucional generalizado que otros actores e instituciones estatales han generado al interferir indebida e ilegalmente en las atribuciones, facultades y competencias de los órganos electorales?, se le preguntó y el doctor respondió que tanto quienes integran el Gobierno como el resto de los integrantes de la institucionalidad pública y privada así como la sociedad, en su conjunto, «debemos estar conscientes de que todos somos y debemos ser y comportarnos como ciudadanos y ciudadanas de un Estado de Derecho organizado, por nuestra propia sociedad o pueblo, como República democrática dedicada obligatoriamente al servicio del bien de cada una de las personas y de todo el pueblo, por medio del cumplimiento y de la defensa, protección y promoción de su dignidad y derechos humanos».
Para el doctor Roberto Herrera Cáceres; «Es injustificable ignorar, en pleno siglo XXI, que al desempeñar cargos públicos asumimos una mayor responsabilidad ciudadana con respecto a la que ya tenemos, debido a lo cual, aspirar y desempeñar esos cargos, implica un mayor compromiso de sentar ejemplos con nuestras propias actuaciones y de cooperar directamente con otros funcionarios e inclusive empleados públicos para que el Estado constitucional democrático de Derecho sea realmente efectivo en beneficio exclusivo del bien de toda la sociedad hondureña».
«Ello es de la mayor importancia en esta etapa final decisiva de las elecciones generales del 30 de noviembre 2025 y de sus resultados, incluyendo la toma de posesión o investidura en enero 2026. Por lo que, como sociedad o pueblo, necesitamos y debemos tener presente el valor e impacto positivo de lo que parte de la ciudadanía hizo el 9 de marzo; y avanzar más, en movimiento solidario más amplio demostrando integridad, rectitud y valentía en la participación cívica de la ciudadanía en la defensa de nuestra dignidad y derechos humanos, en particular en las condiciones debidas para el ejercicio del derecho al sufragio (voto) que es asimismo una función pública del ciudadano (a) que obliga, a los gobiernos, a respetar la voluntad mayoritaria del pueblo, así como los derechos, en democracia, de las minorías».
«Todo eso, junto con el ineludible desarrollo local y nacional, es la parte más significativa de lo que el Estado de Honduras debe siempre garantizar, por medio de los diferentes ejercicios de gobierno, como compromiso con el superior bien común del pueblo; y que, por ello, el presente y sucesivos gobiernos, así como la sociedad, están imperativamente obligados a cumplir, fomentar y promover. Así, en el caso de la situación electoral, el gobierno y la institucionalidad deben cooperar en lo que los órganos constitucionales electorales les solicite legalmente para el cumplimiento institucional de la función electoral que corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral, por tratarse de asuntos democráticos de seguridad nacional, directamente relacionados con el fin supremo del Estado y la sociedad y los valores, principios y normas constitucionales del Estado de Honduras que se centran en la protección y promoción de la dignidad y de los derechos humanos de todos los hondureños y hondureñas», manifestó.
Según Herrera Cáceres indicó que «en esa dirección, incidentes irregulares como los ocurridos el 9 de marzo y fechas posteriores deben investigarse transparente, debida e imparcialmente y sancionarse consecuentemente; así como prevenirse y evitarse e igualmente sancionarse la abusiva y prohibida injerencia de miembros del gobierno y de otras instituciones en las atribuciones, facultades y competencias de los colegiados órganos electorales en su función electoral que es exclusiva e independiente».
«De igual manera y con el énfasis requerido se debe verificar y exigir a los Consejeros electorales del CNE que cumplan, en todo rigor de Derecho, con la prohibición expresa de realizar o participar de manera directa o indirecta en ninguna actividad partidista o de expresar públicamente o insinuar sus opiniones respecto de los asuntos que por ley están llamados a resolver, absteniéndose de prestar atención o fundamentar sus criterios en alegaciones que los peticionarios o cualquier persona realice fuera del proceso electoral; o negarse a firmar las actas, autos y providencias, acuerdos, decretos y resoluciones del Consejo Nacional Electoral; y demás prohibiciones establecidas en la Ley Electoral de Honduras», recomendó para parar la situación que se vive en el país sobre las próximas elecciones.
«En pocas palabras, en este momento crítico en la vida nacional y en el orden internacional: la misión cívica y de patriotismo constitucional de todas y todos los ciudadanos de todas la edades que conformamos actualmente la ciudadanía electora, es: participar solidariamente unidos en una revolución pacífica nacional, reivindicando la democracia real y el efectivo cumplimiento del Estado de Derecho en Honduras, conforme a la Constitución de la República, la Ley Electoral de Honduras y la Ley Orgánica y Procesal Electoral, los principios universales y tratados internacionales de derechos humanos; y otra normativa vigente compatible con la anterior», como parte de una ruta para defender la democracia hondureña.
Asimismo, ante la actual situación del proceso electoral 2025 y la actitud ciudadana que tiende a recuperar mayor conciencia del poder de su voto en democracia y Estado de Derecho, se le pidió señalar cuáles serían las rutas para fortalecer, asegurar y consolidar la democracia alejando esas incertidumbre y diferencias en el máximo organismo electoral del país.
Para el doctor Herrera Cáceres, para esta etapa final decisiva del proceso conducente a las elecciones generales del 30 de noviembre 2025 y a sus resultados, incluyendo la respectiva toma de posesión efectiva o investidura del nuevo presidente y jefe de Estado, dijo que «como sociedad o pueblo debemos, como se hizo el 9 de marzo, demostrar fortaleza de carácter y firmeza en la participación ciudadana en defensa de nuestra dignidad y derechos humanos y de los principios, valores, normas y finalidad suprema de la Constitución de la República, en particular en la existencia y resguardo de las condiciones debidas para el ejercicio del derecho al sufragio (voto) que es asimismo una función pública del ciudadano (a) que el Estado debe garantizar; y que, por ello, el presente y sucesivos gobiernos y la sociedad están imperativamente obligados a cooperar en lo que se les solicite legalmente, por parte de los órganos electorales, para el cumplimiento institucional de la función electoral que corresponde exclusivamente al CNE y el TJE, por ser asuntos democráticos de seguridad nacional, directamente relacionados con el fin supremo del Estado y la sociedad que se centra en la protección y promoción de la dignidad y los derechos humanos de los hondureños y hondureñas». MO/hondudiario
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