*** Oliver Erazo recalcó que, luego que la defensa conozca el contenido del requerimiento fiscal, se procederá a la evaluación si existen las garantías constitucionales y convencionales para que los magistrados presentarse voluntariamente.
El abogado constitucionalista Oliver Erazo, indicó que el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público (MP), sería un error jurídico histórico, además que la misma podría generar una ruptura de confirmarse que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admite el requerimiento fiscal.
“Estamos esperando ver qué presenta el Ministerio Público y si la Corte Suprema comete el error jurídico más grande en la historia del país, sería una violación al principio republicano de la democracia representativa”, recalcó Oliver Erazo.
Además, Erazo refirió que, luego que la defensa conozca el contenido del requerimiento fiscal, se procederá a la evaluación si existen las garantías constitucionales y convencionales para que los magistrados presentarse voluntariamente a ejercer su defensa.
A lo cual el jurista Oliver Erazo sostuvo que este proceso no debería ni siquiera estar discutiéndose, dado que la Constitución de la República define con claridad las competencias en estos casos.
“El juicio político contra los magistrados del TJE solo puede ser promovido por el Congreso Nacional, que es quien los elige, esa prerrogativa está claramente establecida en el artículo 205, numeral 15, de la Constitución de la República”, sostuvo.
En tal sentido, subrayó que, tras la derogación de la antigua figura de formación de causa, se generó un vacío legal que fue aprovechado en su momento dentro del Código Procesal Penal, pero hizo la aclaración que dicho código es una ley ordinaria, por lo tanto, inferior a la Constitución.
“Quienes hoy impulsan este requerimiento fueron los mismos que antes se victimizaron por situaciones similares, la comisión de la verdad, tras los hechos de 2009, recomendó precisamente crear el juicio político para evitar lo que está ocurriendo ahora, la instrumentalización de la justicia y la persecución penal con fines políticos”, enfatizó.
Finalmente, mencionó que, el requerimiento debe de ser inadmitido, debido a que no es el momento procesal, “lo que vemos ahora es una versión 2.0 del quiebre institucional de 2009, pero más sofisticada, con un intento de que las instituciones de justicia asuman competencias que no les corresponden”. ED/Hondudiario
