*** Marlon Ochoa, aseguró que se pretende iniciar un juicio político en su contra sin que exista una denuncia formal presentada ante el Congreso Nacional, calificando la acción como una venganza política y una violación al debido proceso.
EL consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa defendió este martes que se está queriéndole aplicar un juicio político sin existir una denuncia de manera formal, además refirió que esto se trata de una venganza política.
“Toda la discusión del juicio político ha sido de si tienen o no tienen los votos, imagínese que se está discutiendo de si tienen o no tienen los votos sobre una denuncia que ni siquiera está presentada”, expresó Marlon Ochoa.
El consejero apuntó que, no existe un respeto a las garantías constitucionales o un debido proceso en la aplicación de este juicio político, “se está discutiendo sobre una posible destitución y ni siquiera se me ha escuchado, y bueno, esto pienso yo, es un indicio de que no existe el respeto al debido proceso ante qué estamos en este tema del juicio político”.
En sus declaraciones sostuvo que es el único testigo del “fraude electoral”, expuso que se dejaron de contar 300 actas a nivel presidencial, que a nivel de alcaldías dejaron de sumarse 1,800 actas de cierre, “soy el único testigo directo de que hoy están sentados en el Congreso Nacional y van a votar en el proceso de juicio político en mi contra diputados que no resultan electos porque dejaron de contarse más de 2,300 actas en el nivel de diputados”.
“Entonces quieren eliminarme para eliminar todo vestigio del fraude que ocurrió en las elecciones de noviembre de 2025 y la segunda razón es sencilla y tiene que ver con la elección del 2029, viene Juan Orlando Hernández para inscribirse en las elecciones del 2029”, dijo Ochoa.
En las últimas horas, sobre este tema, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos indicó, que el juicio político en Honduras es una herramienta constitucional diseñada para garantizar el control de las altas autoridades del Estado, proteger el interés público y fortalecer la democracia, resaltando que su implementación efectiva aún constituye un pendiente histórico en el país. ED/Hondudiario
