*** Pérez reconoció que Honduras debe cumplir los tratados internacionales de los que es signataria.
El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, afirmó que la Ley Especial de Juicio Político garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa de los funcionarios sometidos a ese mecanismo, debido a la comparecencia que Honduras sostendrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar si el juicio político aplicado al exfiscal general Johel Zelaya cumplió con los estándares internacionales del sistema interamericano.
Pérez, abogado de profesión, no comparte los argumentos presentados ante la CIDH y sostuvo que durante el juicio político contra Johel Zelaya se respetaron “todas sus garantías”, en especial el debido proceso y el derecho de defensa.
“Fuimos cuidadosos punto por punto de no violar ningún aspecto que pudiera considerarse atentatorio contra el debido proceso y contra el derecho de defensa que al que tiene derecho cualquier ciudadano o persona. Así que no comparto de que el resultado de esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vaya a tener una resolución favorable para él, pero la respeto”, comentó.
Por otro lado, dijo que no conoce ninguna iniciativa para reformar la Ley Especial de Juicio Político y aseguró que la normativa define “un procedimiento de forma muy clara”, el cual, se aplicó durante el proceso desarrollado por el Congreso Nacional.
También aclaró que el juicio político constituye una figura distinta de los procesos judiciales y recordó que este mecanismo existe en otros países, además de sostener que el Congreso tiene facultades para destituir a funcionarios de segundo grado porque fueron electos por ese mismo poder del Estado.
“No hay nada que sea meritorio de una reforma, pero reitero, respeto el derecho del ciudadano Johel Zelaya de acudir a las instancias, es su derecho que lo haga, el derecho del Estado va a ser comparecer y hacer ejercicio del derecho de defensa, y esperemos el resultado final”, manifestó.
En todo caso, reconoció que Honduras debe cumplir los tratados internacionales de los que es signataria y expresó que corresponde al Procurador General de la República y a la Cancillería utilizar todas las herramientas legales para ejercer la defensa del Estado durante el proceso ante la CIDH. OB/Hondudiario
