*** La Fiscalía recibió la denuncia y comenzará las investigaciones correspondientes.
La Comisión Liquidadora presentó este miércoles ante el Ministerio Público 10 expedientes con indicios de posible responsabilidad penal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante el gobierno anterior, con casos relacionados con programas sociales, hospitales, ayudas a migrantes, compras estatales y pagos a asesores extranjeros.
El Ministerio Público recibió la denuncia y comenzará las investigaciones correspondientes en las fiscalías competentes para determinar si existen responsabilidades penales en los casos documentados.
Los expedientes incluyen líneas de investigación vinculadas con la Red Solidaria, Proasol, Sedesol, la construcción del hospital neonatal de Santa Bárbara, las transferencias de fondos de Convivienda a Banadesa y los programas de asistencia a migrantes retornados, entre otros.
La integrante de la comisión, Denisse Yamileth Rosales Rivera, presentó una solicitud de investigación por transferencias superiores a 230 millones de lempiras desde Convivienda hacia el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), como parte de los hallazgos sobre la administración de recursos estatales.
“Traemos nuevas denuncias como el de Convivienda que hizo transferencias de fondos de los cuales estamos solicitando una investigación por más de 230 millones de lempiras, fondos transferidos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)”, dijo a los periodistas.
En el hospital neonatal de Santa Bárbara se detectó una ejecución física de apenas el 27 por ciento, pese a las ampliaciones del plazo contractual, además de una inversión aproximada de 147 millones de lempiras en equipos médicos y biomédicos que terminaron almacenados mientras avanzaban sus garantías.
Los programas dirigidos a migrantes retornados también figuran entre los expedientes, debido a diferencias entre los registros de beneficiarios y las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración, así como por la entrega de unos 70 mil bonos alimenticios frente a aproximadamente 40 mil migrantes retornados registrados.
“Cuando miramos esto con la base de datos del Instituto Nacional de Migración, nos damos cuenta con no cuadran los datos con los migrantes retornados que supuestamente fueron beneficiados con los que realmente retornaron”, relató el comisionado Mario Celín Simón.
Otro hallazgo comprende el pago de unos 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental mediante compras directas, con presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación y una sede en La Ceiba descrita como una caseta abandonada.
La revisión de bienes adquiridos detectó cerca de 10 mil artículos sin evidencia física de entrega, de un total de 31 mil comprados, con un posible perjuicio superior a 10 millones de lempiras, además de anticipos por 228 millones de lempiras a empresas constructoras y supervisoras sin respaldo suficiente de ejecución física.
Los expedientes también abarcan gastos de la Secretaría de Planificación Estratégica, cuyo presupuesto pasó de 74 millones de lempiras en 2022 a 1.694 millones en 2025, así como pagos superiores a 54 millones de lempiras a una empresa extranjera en 18 meses y desembolsos relacionados con asesores internacionales, boletos aéreos, hospedaje, alimentación y alquiler de vehículos. OB/Hondudiario
