*** La revisión del caso incluye posibles irregularidades en las actuaciones de fiscales e investigadores.
El director de la Dirección de Asuntos Especiales y Tratamiento (DAET), Daniel Molina, expuso irregularidades en el proceso judicial contra cuatro agentes policiales acusados de tráfico de drogas y posesión de munición prohibida, quienes recibieron sobreseimiento definitivo tras un allanamiento en San Pedro Sula, Cortés.
Molina detalló que la resolución judicial establece que los agentes no tienen vinculación con los hechos investigados y que el proceso presenta “vicios de nulidad” relacionados con las diligencias efectuadas por los entes investigadores.
“Nosotros hemos seguido muy de cerca lo que es este proceso en cuanto se le estaba incriminando a los policías de la DAET, lo que es el delito de tráfico de drogas y posesión de munición prohibida. Nosotros desde un inicio vimos algún tipo de irregularidades en cuanto más que todo en el tema de los eventos procesales, en vista de que, pues vimos que las acciones se hicieron bien a la ligera”, comentó.
El caso incluye un allanamiento efectuado el 2 de octubre, cuando se encontró droga dentro de un vehículo, aunque el hallazgo no fue vinculado directamente con ningún agente policial, pero el procedimiento inicial en el se realizó en un horario considerado inadecuado dentro de las declaraciones del investigador.
“Se supone que la deducción de responsabilidades o la tipificación del delito a los policías fue por un hecho anterior que se dio el 2 de octubre, en un allanamiento en donde un carro, en un carro encontraron droga, pero igual esa diligencia siento yo que fue más por una información de fuente humana, motivada por una información de fuente humana, no por así por una investigación previa”, ahondó.
Molina también cuestionó que la vivienda allanada el 1 de octubre ya había sido entregada el 27 de septiembre, y los vehículos decomisados permanecían en un espacio expuesto al público debido a la falta de instalaciones de la Fiscalía para resguardar evidencias, escenario que permitiría el acceso de personas ajenas al proceso.
La revisión del caso incluye posibles irregularidades en las actuaciones de fiscales e investigadores, además de los procedimientos judiciales, con el propósito de determinar qué motivó las diligencias y si se cumplieron los requisitos legales durante la investigación que derivó en las acusaciones contra los cuatro policías. OB/Hondudiario
