*** El Gobierno hondureño notificó el 28 de agosto a la Embajada de Estados Unidos la decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición entre los dos países.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, señaló que están a favor de reformas electorales, que tienen que ver con la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y los datos biométricos.
Pero también, el Congreso Nacional debería de discutir la denuncia al tratado de extradición que hizo la presidenta Xiomara de Zelaya.
“Esperamos que le pleno pueda estar presente, necesitamos fortalecer el proceso, estamos de acuerdo con el lector de huella y datos biométricos, TREP, sin embargo, no estamos de acuerdo con imposiciones”, dijo.
Con relación a la cancelación del tratado, Elvir comentó que “el Congreso Nacional debería discutir lo que hizo la presidenta, mediante el canciller la denuncia del convenio de extradición, ¿qué pretenden? que Honduras sea un paraíso para los narcotraficantes”.
“Tenemos que priorizar una agenda nacional de justicia, lo que pide el país es justicia para todos aquellos políticos que han robado y que están involucrado directa o indirectamente con el narcotráfico”, agregó.
El Gobierno hondureño notificó el 28 de agosto a la Embajada de Estados Unidos la decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición entre los dos países después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
Analistas y políticos creen que Castro puso fin al acuerdo de extradición con Estados Unidos para proteger a familiares o altos funcionarios, ya que tres días después de la decisión, Carlos Zelaya admitió que se había reunido con narcotraficantes.
Esto fue insinuado por el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, el 29 de agosto, cuando afirmó que su país “dio por terminado” el tratado con Estados Unidos porque temen que el acuerdo sea utilizado como un “arma política” para extraditar a funcionarios o militares de alto rango.
La eliminación del tratado de extradición provocó la renuncia de Carlos Zelaya como diputado y secretario del Parlamento hondureño, y la de su hijo José Manuel Zelaya como ministro de Defensa. OB/Hondudiario
