*** Gabriela Castellanos señaló que, aunque el juicio político fue incorporado en la Constitución desde 2013, hasta la fecha nunca se ha aplicado, y su uso sería clave para evaluar la conducta de las autoridades sin afectar sus garantías ni derechos.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos indicó este lunes, que el juicio político en Honduras es una herramienta constitucional diseñada para garantizar el control de las altas autoridades del Estado, proteger el interés público y fortalecer la democracia, resaltando que su implementación efectiva aún constituye un pendiente histórico en el país.
“En Honduras, hasta antes del 2013, no existía un mecanismo claro para revisar la conducta institucional de las altas autoridades del Estado. Esto significaba que la ciudadanía quedaba sin garantías frente a decisiones que podrían afectar el interés público”, inicio diciendo Castellanos.
En su pronunciamiento recalcó que, a día de hoy el juicio político es la herramienta constitucional que permite ejercer control, garantizar responsabilidades y proteger la democracia, “esta figura no surgió de la nada, por el contrario. nació como respuesta a experiencias profundamente graves que evidenciaron la necesidad de un marco de regulación sólido”.
A lo que comentó que, en lo que fue el golpe de Estado del 2009, contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, y luego, en diciembre del 2012, “la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el primer caso, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la existencia de un juicio político habría permitido una solución pacífica y jurídica de la crisis”.
“En el segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se evidenció la falta de regulación precisa, garantías y contrapesos claros para la destitución de altos funcionarios, condenando al Estado de Honduras por violaciones a los derechos humanos”, expresó.
Destacó que, a partir de estos antecedentes, el Congreso Nacional estableció la figura de juicio político en el 2013 incorporándola en la Constitución, pero manteniendo como deuda pendiente las reformas a la Ley Especial, “con el propósito de ajustar su contenido a los estándares previstos en la jurisprudencia internacional. En el plano procesal, el juicio político aplica a quienes ejercen funciones de alto nivel”.
“En el país hasta hoy nunca se ha aplicado un juicio político, marcar este precedente es esencial para establecer que cualquier autoridad cuya conducta se aleje del interés público debe ser evaluada, siempre respetando sus garantías y derechos. Pronto analizaremos cómo estos principios pueden aplicarse en casos concretos, porque hablar de juicio político es hablar de justicia”, concluyó Castellanos. ED/Hondudiario
