*** El CNA señaló que el juicio político presentó fallas en su aplicación, como falta de garantías de defensa, por lo que pidió reformas para fortalecer el mecanismo.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que el mecanismo de juicio político debe ser corregido para garantizar mayor transparencia, objetividad y apego al marco constitucional, luego de las irregularidades observadas en su aplicación reciente.
“El juicio político es una herramienta legítima, especialmente ante las irregularidades que afectaron el reciente proceso electoral. Pero una cosa es que el mecanismo sea válido y otra muy distinta, cómo se ejecuta”, comentó Castellanos.
En su señalamiento, apuntó que desde el CNA vieron como resultado de su veeduría permanente que fue “un proceso con fallas significativas, tal como se advirtió”, al señalar que, el juicio político, aunque no se trate de un procedimiento judicial, exige criterios mínimos de objetividad, racionalidad y respeto al debido proceso, “y esas condiciones no se cumplieron plenamente”.
“En la denuncia se incorporaron referencias a situaciones personales altamente sensibles, sin sustento técnico, que demostrara una relación directa con el ejercicio de la función pública esta situación desvió el análisis sobre el desempeño institucional de los denunciados y redujo el estándar con el que se evaluaron los hechos”, explicó Castellanos.
Se refirió que en cuanto a lo que fueron las comisiones especiales, las mismas se integraron “sin reflejar la pluralidad del Congreso, lo que debilitó condiciones básicas de imparcialidad en la etapa de investigación”, además que durante las audiencias y las discusiones en el Pleno, “no se logró sostener un enfoque centrado en el alcance de las denuncias”.
“Las intervenciones derivaron en varios momentos en juicios de valor, argumentaciones partidarias y espacios de confrontación política y personal, más que de evaluación objetiva. También se evidenciaron vacíos en las garantías de defensa. No existieron mecanismos de contrainterrogatorio y tampoco se aseguró un plazo razonable para preparar la defensa”, planteó Castellanos.
A lo que finalmente, apuntó que estas fallas revelan la necesidad de asegurar que ese mecanismo funcione con reglas claras, con garantías mínimas y con estándares tanto la institucionalidad como a las personas involucradas, “el CNA ya planteó las recomendaciones y ahora le corresponde a la clase política asumir la responsabilidad de hacer las correcciones de fondo y asegurar que el juicio político se ejerza con seriedad, equilibrio y apego al marco constitucional”. ED/Honudiario
