*** El problema de la extorsión desde las cárceles es un tema que data de hace “quince, veinte años”, pero que requiere para su solución definitiva.
El comisionado presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ottoniel Gross Castillo, declaró este jueves que las empresas de telefonía celular incumplen con su obligación legal de bloquear la señal al 100 por ciento dentro de los recintos carcelarios, lo cual facilita que los privados de libertad continúen realizando llamadas de extorsión.
Gross Castillo argumentó que mediante el uso de tecnología han comprobado técnicamente que no se realiza un “barrido completo” de la señal, situación que vuelve inútiles los esfuerzos institucionales de supervisión y control si persiste un “bloqueo a medias” en las instalaciones.
“Todos sabemos de que existe una aplicación de una ley que regula a las empresas que son las encargadas de la señal de la telefonía celular a nivel nacional. Por ley, ellos están obligados a que deben de bloquear al 100 por ciento la señal dentro de los recintos de los centros penales a nivel nacional. Sin embargo, nosotros de manera técnica y mediante el implemento de tecnología hemos podido descubrir que no es así”, dijo el militar en una entrevista.
Igual, señaló que la falta de regulación en la venta de chips en mercados y pulperías constituye otro factor crítico que permite la persistencia de este ilícito, debido a que no existe actualmente un control estricto sobre quién adquiere estos dispositivos en la vía pública.
El INP inició coordinaciones con la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso Nacional para garantizar una “aplicación estricta” de la normativa vigente que obligue a las operadoras a actualizar sus equipos según las nuevas tecnologías celulares.
“Todos sabemos de qué de una u otra manera podemos adquirir un chip en la calle, en un mercado, en una pulpería y no existe un control sobre la venta de estos chips. Se ha hablado de ley, se ha hablado de un montón de situaciones para regularlas, pero es hasta este momento en donde nosotros hemos comenzado a hacer las coordinaciones con la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso Nacional para que exista verdaderamente una regulación que nos garantice la aplicación estricta de la ley y que las empresas que son las encargadas de hacer el cubrimiento de este barrido de señales lo puedan hacer de manera al cien por ciento”, reiteró.
Reveló que la institución ha procesado a más de siete agentes por corrupción y a quince familiares de reclusos en los últimos tres meses por intentar introducir terminales móviles detectadas mediante los nuevos sistemas de escáner.
“De nada sirve que nosotros instalemos tecnología, de nada sirve que nosotros tengamos más de siete elementos de los agentes penitenciarios procesados por corrupción, de nada sirve de que existan más de 15 familiares en los últimos tres meses que están procesados por intentar introducir aparatos telefónicos a los centros penales ya que han sido detectados por los escáneres que hemos instalado, de nada van a servir esos esfuerzos si siempre va a existir un bloqueo a medias”, adicionó.
Indicó que el problema de la extorsión desde las cárceles es un tema que data de hace “quince, veinte años”, pero que requiere para su solución definitiva un compromiso cabal de todas las partes responsables en el área de telecomunicaciones.
Gross Castillo sostuvo que el instituto penitenciario cumple con su responsabilidad de supervisar y ejecutar requisas constantes, aunque la efectividad de estas acciones depende directamente de que las empresas asuman su rol en el “cubrimiento de este barrido” de frecuencias. OB/Hondudiario
