*** La normativa vigente excluye penas de cárcel para delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
El abogado penalista Salomón Salazar señaló que la investigación del Ministerio Público contra exintegrantes de la comisión permanente del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, enfrenta limitaciones punitivas derivadas del actual Código Penal.
El jurista expuso que la normativa vigente excluye penas de cárcel para delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, al sustituir la privación de libertad por la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Ya el Código Penal en su artículo 499 habla de cuando incurre un funcionario público en el delito de abuso de autoridad y también ya establece una pena de 6, de 3 a 6 años con la novedad que no hay prisión, esto no le aplica a la prisión, sino que es la suspensión para ejercer cargos públicos durante el periodo que hayan sido condenados”, explicó.
Salazar recordó que el actual Código Penal facilitó la denominación del instrumento jurídico como el “código de la impunidad” debido a la ausencia de castigos carcelarios. El experto reiteró que la sanción aplicada es puramente administrativa al limitar el desempeño de funciones estatales por el tiempo que dure la condena impuesta.
Con relación al delito de violación de los deberes de los funcionarios, indicó que igual va enmarcado “en el mismo tipo penal, por lo tanto, pues incurren en la misma pena y la sanción es de igual manera, no sanción con cárcel, sino que es administrativa, es decir, no poder desempeñar cargos públicos durante el tiempo que dure la condena”.
Por otro lado, el penalista lamentó la falta de voluntad política necesaria para modificar un cuerpo normativo que considera insuficiente ante la gravedad de los hechos denunciados. El profesional manifestó que la corrupción requiere un “castigo severo” para garantizar la justicia y la disuasión efectiva de los funcionarios involucrados
“Podría ser importante porque en esa situación el Código Penal cuando los delitos son constitutivos de privación de la libertad, pues debe de existir lo que en derecho llamamos el castigo severo, más en los casos de corrupción, pero así está la ley y no veo voluntad política para hacer la respectiva reforma”, comentó.
Salazar recordó que la excomisión permanente poseía un rango constitucional específico enfocado en elecciones provisionales de cargos no designados por el Congreso Nacional. Al respecto, mencionó el nombramiento de Joel Zelaya como fiscal general, que inició mediante un mecanismo transitorio que posteriormente obtuvo el respaldo total de los 128 diputados. OB/Hondudiario
