*** Midence defendió que las decisiones del Congreso Nacional contaron con amplio respaldo legislativo.
El diputado Marco Midence aclaró este jueves que Honduras comparecerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar los argumentos del Estado sobre los procesos de juicio político contra exfuncionarios (exfiscal Johel Zelaya, Mario Morazán y Marlon Ochoa), y aclaró que “no es un juicio”, sino una sesión sustentada en el artículo 41 de la Convención Americana.
Marco Midence adelantó que el procurador general de la República expondrá la posición del Estado sobre un procedimiento respaldado por el artículo 234 de la Constitución y por la Ley Especial de Juicio Político, normativa vigente desde 2013, además de sostener que “las etapas procesales” fueron agotadas durante cada uno de los casos.
“El primero, uno constitucional, el artículo 234 que establece la figura de juicio político y la Ley Especial de Juicio Político que data del año 2013, que tenemos un antecedente, pues ya con una legislación previa, con un proceso que se cumplió de manera pública”, desglosó.
Midence defendió que las decisiones del Congreso Nacional contaron con amplio respaldo legislativo y en algunos casos alcanzaron “93 votos”, respaldo que atribuyó a la participación de al menos cuatro fuerzas políticas y no a un solo partido.
También aclaró que la figura del juicio político no fue creada para esos exfuncionarios porque forma parte del ordenamiento jurídico desde hace más de una década y reiteró que el procedimiento cumplió “en tiempo y forma” con todas las etapas previstas por la ley.
“Nosotros actuamos en base a la Constitución y en base a ley. Agotamos las etapas procesales, fueron públicas. Tanto los miembros de las comisiones especiales que conocieron, que plenaron, lo hicieron de manera pública. El informe fue presentado al pleno, el pleno conoció el informe en su debido momento”, relató.
“Se agotaron las etapas procesales de manera pública. Algunos exfuncionarios fueron al pleno, otros fueron a la comparecencia, otros se abstuvieron de ir, pero cada quien tomó su decisión”, reiteró.
El congresista reconoció que toda persona tiene derecho a ejercer su petición conforme a la Constitución, aunque sostuvo que el Congreso Nacional actuó con fundamento en la Constitución y la ley durante los procesos de juicio político que derivaron en la destitución de los exfuncionarios. OB/Hondudiario
