*** Los cambios en discusión deben enfocarse en resolver las deficiencias que dificultan el desarrollo de los procesos penales.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, señaló que las reformas y cambios impulsados actualmente en Honduras buscan principalmente corregir los vacíos legales del proceso penal, más que perseguir directamente a las estructuras criminales y asociaciones terroristas.
Castañeda destacó la “voluntad por parte de las autoridades” y señaló que el Ministerio Público, la Fiscalía General, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Secretaría de Seguridad mantienen reuniones periódicas para coordinar acciones y encontrar soluciones a los problemas del sistema judicial.
El representante de la ASJ sostuvo que los cambios en discusión deben enfocarse en resolver las deficiencias que dificultan el desarrollo de los procesos penales y mejorar la comunicación entre las instituciones responsables de investigar, acusar, juzgar y mantener bajo custodia a los imputados.
“Al final, lo que hemos percibido nosotros desde la sociedad civil es que todos estos todos estos cambios que se están dando en este momento no es tanto para, perseguir a las estructuras criminales o a las asociaciones terroristas, es corregir los vacíos legales que existen en nuestro proceso penal”, comentó.
Castañeda explicó que los obstáculos institucionales afectan la coordinación entre los operadores de justicia, debido a que los policías encuentran barreras en los fiscales, estos enfrentan dificultades con los jueces y las distintas instituciones identifican deficiencias en el sistema penitenciario nacional.
El director de Seguridad y Justicia de la ASJ afirmó que la principal necesidad consiste en mejorar el “procedimiento penal” y eliminar las trabas que impiden una actuación coordinada entre los organismos encargados de la seguridad y la administración de justicia.
Castañeda concluyó que las autoridades deben aprovechar las experiencias de otros países de la región para identificar soluciones aplicables a Honduras, con el propósito de corregir las fallas legales e institucionales que, desde su perspectiva, limitan el funcionamiento del sistema penal. OB/Hondudiario
