*** Castellanos advierte sobre los riesgos de replicar el modelo de seguridad salvadoreño y llama a fortalecer las instituciones sin comprometer los derechos fundamentales.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, planteó este lunes la necesidad de buscar alternativas al modelo carcelario para combatir la inseguridad en Honduras, mediante el fortalecimiento de las instituciones, una policía civil profesional y políticas públicas orientadas a atender las causas estructurales de la violencia.
“Honduras necesita una transformación profunda que abandone los populismos carcelarios y la imitación acrítica de prácticas extranjeras. La verdadera seguridad ciudadana no brota de la exhibición de prisiones de máxima seguridad ni de la retórica belicista, sino de la construcción de instituciones incorruptibles, de fiscalías con capacidad técnica, de una policía civil profesional”, expresó.
De igual manera, Castellanos cuestionó la intención de querer replicar las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, al advertir sobre los riesgos jurídicos e institucionales de adoptar ese modelo sin considerar las implicaciones para Honduras.
“Bajo la óptica de los derechos humanos, esta seducción por el espectáculo penitenciario es una bomba de tiempo. Copiar un sistema edificado sobre la suspensión masiva del debido proceso, el colapso de las garantías judiciales y el hacinamiento absoluto en un aparato con instituciones frágiles y penetradas por la corrupción no resolverá el crimen organizado; por el contrario, entregará un cheque en blanco al abuso de poder”, apuntó.
Asimismo, Castellanos sostuvo que el respeto a los derechos fundamentales debe mantenerse como un principio esencial del Estado de derecho y advirtió que la intención de adoptar medidas que restrinjan garantías constitucionales en nombre de la seguridad pone a prueba el compromiso del Congreso Nacional con la democracia.
Finalmente, recalcó que las políticas de “mano dura” y las reformas penales suelen presentarse como respuestas a la inseguridad mediante el endurecimiento de las penas, la suspensión de garantías y la militarización de la seguridad pública, medidas que, a su criterio, ganan atractivo en contextos marcados por la violencia y la impunidad. ED/Hondudiario
