*** La Comisión incorporó al informe remitido al Ministerio Público el expediente relacionado con el pago de 70 millones de lempiras a una organización no gubernamental.
La Comisión Liquidadora detectó irregularidades en el manejo de fondos públicos durante el gobierno anterior, entre ellas el pago de 46 millones de lempiras a un consultor venezolano con recursos de la Secretaría de Planificación Estratégica, según el informe presentado por su coordinador, Ángel Mendoza, que también incluye anomalías en programas sociales, ayudas a migrantes retornados y contrataciones.
Mendoza detalló que uno de los expedientes bajo revisión corresponde a los honorarios pagados a un consultor venezolano por 46 millones de lempiras, además de la contratación de ciudadanos cubanos para impartir clases de ajedrez y el caso del Fondo de la Red Social para el Migrante.
“En la línea de las asesorías, se encontró que uno solo de los consultores venezolanos recibió honorarios por 46 millones de lempiras que salieron de la Secretaría de Planificación Estratégica”, reveló.
La Comisión incorporó al informe remitido al Ministerio Público el expediente relacionado con el pago de 70 millones de lempiras a una organización no gubernamental por concepto de compras directas, además de irregularidades detectadas en dependencias que fueron cerradas.
“Adicionalmente, se ha incluido en el informe entregado al Ministerio Público el expediente relacionado con el pago de 70 millones de lempiras a una ONG, por concepto de compras directas”, precisó.
Otro de los casos corresponde a la entrega de apoyo económico a migrantes retornados, con una diferencia entre las cifras de beneficiarios y las personas que regresaron al país durante ese período, además de fondos retirados por un funcionario público encargado de distribuir la ayuda gubernamental.
“El dinero fue retirado por un funcionario público encargado de entregar este apoyo gubernamental a los retornados, pero no hay concordancia entre el número de beneficiados (70,000) y la cifra de emigrantes retornados en ese período (40,000)”, anotó.
El informe también incluye discrepancias entre la cantidad de bonos entregados para canjear por alimentos y el número de destinatarios, así como transferencias de recursos a Banadesa para programas de vivienda social, casos que forman parte de los expedientes remitidos al Ministerio Público para su revisión. OB/Hondudiario
