*** Las autoridades coordinarán acciones para combatir las estructuras criminales en el país.
Los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) respaldaron este martes la entrada en vigencia de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, publicadas en el diario oficial La Gaceta, además de eso, anunciaron una ofensiva coordinada entre las instituciones del Estado para combatir a maras, pandillas y organizaciones criminales que operan en Honduras.
Durante una comparecencia conjunta, representantes del Ejecutivo, Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Fuerzas Armadas coincidieron en que las nuevas disposiciones brindarán mayores herramientas para la persecución penal, endurecerán las penas contra las estructuras criminales y fortalecerán los controles en los centros penitenciarios.
En ese sentido, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que las reformas contenidas en el decreto 258-2026 representan un respaldo a los operadores de justicia, entre las nuevas herramientas mencionó la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar requerimientos fiscales y la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en sectores identificados como zonas de operación de estructuras criminales, con acompañamiento del Ministerio Público.
“Con este trabajo en coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas, Inteligencia, Fiscalía, Corte Suprema, la Agencia Nacional contra el Crimen, sí le podemos decir a los delincuentes que se les acabó la fiesta en Honduras”, dijo Zambrano.
Zambrano también señaló que las reformas contemplan penas de hasta 40 años de prisión para cabecillas de organizaciones criminales que utilicen menores de edad y establecen un régimen de máxima seguridad para los privados de libertad por delitos de terrorismo, que el Congreso continuará respaldando a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
“Hoy los delincuentes van a estar en las cárceles y no van a estar como se acostumbraron a ordenar delitos desde los centros penales, a emitir órdenes para cometer homicidios y extorsiones”, aseveró Zambrano.
El legislador apuntó que los privados de libertad por estos delitos serán sometidos a un régimen de máxima seguridad, que contempla 23 horas y media de permanencia en sus celdas y 30 minutos de ejercicio, además de restricciones a las visitas y al contacto físico con familiares y abogados.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, indicó que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de aplicar las nuevas disposiciones, mientras tanto, el fiscal general, Pablo Emilio Reyes, aseguró que el Ministerio Público coordinará las investigaciones y acciones de persecución penal con los cuerpos de seguridad, y el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció una ofensiva policial contra las organizaciones criminales.
Finalmente, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, destacó que el Gobierno dotará a los operadores de seguridad y justicia de equipo táctico y tecnología para fortalecer sus capacidades, además las autoridades coincidieron en que la aplicación de las reformas requerirá coordinación interinstitucional para recuperar los territorios afectados por estructuras criminales y brindar mayor seguridad a la población. ED/Hondudiario
